La Asociación Vecinal La Axerquía llama a la creación de un espacio de reflexión y acción, en torno al Derecho a la Ciudad, pues «Córdoba está sufriendo, hace años ya, un deterioro de su espacio público, de su patrimonio y lo más importante, de sus formas de relación y convivencia».
El profesor Ángel B. Gómez Puerto y la investigadora Marga de Tena representarán a ETNOCÓRDOBA Estudios Socioculturales en el Foro.
PROPUESTA DE MANIFIESTO FORO POR EL DERECHO A LA CIUDAD
CÓRDOBA- JUNIO 2018
Situándonos en el concepto “Derecho a la ciudad”
Derecho a la ciudad es la posibilidad de construir una ciudad donde se pueda vivir dignamente, reconociéndonos como parte de una comunidad.
Derecho a la ciudad es perseguir una vida colectiva en nuestros barrios, donde podamos pensar y proyectar nuestra idea de ciudad como organismo cultural, colectivo y, en consecuencia, político en el que las personas, las vecinas y vecinos – en definitiva, la ciudadanía- puedan ser protagonistas.
Derecho a la ciudad es la posibilidad del “buen vivir” para todos y todas, donde sea posible el disfrute equitativo de diferentes tipos de recursos que permiten la convivencia: trabajo, salud, educación, vivienda, participación, acceso a la información, ocio, etc.
Derecho a la ciudad es la expresión de voluntades colectivas, es un espacio de solidaridad, también de debate y, a veces, de conflicto como generador de nuevas ideas, de nuevas propuestas.
Por todo ello, el Derecho a la ciudad se basa en una dinámica de proceso y de conquista, en el cual los movimientos sociales son el motor para lograr su cumplimiento.
Situándonos en estrategias de trabajo concretas
La problemática de la gentrificación y turistificación
El turismo, o la economía del ocio en general, transforman profundamente territorios y sociedades, especialmente en los cascos históricos de las ciudades. Cierto que inciden positivamente en el PIB, en el empleo -aunque precario-, y como arrastre de otros sectores económicos, lo que los convierte en una pieza clave de las políticas públicas.
Pero la otra cara es su impacto sobre los paisajes, el medio ambiente, el régimen de propiedad y el uso de nuestro patrimonio, las culturas locales y, también, las haciendas públicas.
Frente a la apropiación de estos patrimonios comunes y cotidianos por parte de la economía del ocio, surge la respuesta cívica contra los abusos del turismo, los fondos especulativos y la inacción de las políticas públicas, tanto a nivel local como regional, nacional y europeo. Los gobernantes tienen que saber que hay un conflicto abierto entre la industria del ocio y los residentes de las ciudades. Este conflicto es común a todas las ciudades con cascos históricos y valor turístico.
El sector turístico actúa como si no existiera vecindario. De hecho en la redacción de los planes turísticos autonómicos y locales no hay alusión alguna al vecindario ni a las repercusiones que sobre el mismo tiene la masificación turística.
En los cascos históricos la vida resulta cada vez más difícil: alquileres disuasorios tanto de viviendas como de cocheras, masificación, ruido, debilitamiento y desaparición del pequeño comercio, despoblación, ruptura del tejido social, sustitución de población residente por población flotante (reconversión encubierta de uso residencial por uso terciario), etc.
Las condiciones laborales y la feminización de la precariedad laboral es otro asunto que todo el mundo sabe pero el “sector” no quiere saber y lo oculta.
Situándonos como ciudadanía activa
2018 es el año europeo del patrimonio cultural. Queremos tomar la iniciativa e impulsar una serie de compromisos y acciones, que procuren una ciudad más justa, democrática, humana y sustentable, habitable, productiva y segura. Una ciudad solidaria e inclusiva, a partir de y en coherencia con su valor patrimonial.
Para ello, un conjunto de colectivos, organizaciones, instituciones y profesionales, queremos plantear y compartir retos y compromisos comunes de cara a:
. Explicitar los derechos ciudadanos que queremos impulsar, trabajar y ejercer.
. Activar procesos de movilización y compromiso ciudadano para conseguir que se hagan efectivos.
. Incidir en los procesos político-institucionales para hacerlos efectivos.