Dos alumnos del laboratorio jurídico sobre desahucios de la facultad de Derecho de la UCO, que dirige el profesor Antonio Manuel Rodríguez, fueron protagonistas ayer de un acontecimiento histórico. Por primera vez en la historia de la democracia, estudiantes universitarios tuvieron la ocasión de participar en una comisión de justicia del Parlamento Andaluz. Y lo hicieron para trasladar a este órgano las conclusiones de su informe sobre la constitucionalidad de la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía (suspendida cautelarmente tras el recurso presentado por el gobierno de Rajoy, “un hecho también sin precedentes, ya que las leyes se presuponen constitucionales”, subraya Rodríguez) y su propuesta de reforma del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “que permitiría dar una herramienta a los jueces para no ejecutar desalojos por causas humanitarias”, explicaron.
Jorge Bernete e Inmaculada López fueron los encargados de la exposición, en la que de una forma muy elocuente instaron a la comisión a no dejar su propuesta en un cajón y elevar desde el Parlamento andaluz una Proposición No de Ley para la reforma de este artículo al Congreso de los Diputados, competente en esta materia. El laboratorio jurídico sobre desahucios de la facultad de Derecho de la UCO tiene previsto ir más allá y trasladar sus argumentos en primera persona ante el Congreso de los Diputados, un paso importante que podría tener lugar el próximo 25 de junio.