Javier, Inmaculada, Ángela María, Irene, Francisco, Rafael,Andrea, Jorge y Alejandro están en estos días, como tantos estudiantes universitarios, inmersos en los últimos exámenes del curso. Pero este miércoles han pasado un examen muy especial y han puesto a prueba, a su vez, a los diputados del Congreso. Estos nueve alumnos de 3º de Derecho en la Universidad de Córdoba forman parte del denominado Laboratorio Jurídico Antidesahucios y han trabajado este curso para unir teoría con práctica y responder con herramientas legales a la realidad social de los desahucios.
Este miércoles han presentado en la Sala Campoamor del Congreso ante diputados de los distintos grupos parlamentarios un informe jurídico elaborado por ellos en el que defienden la constitucionalidad de la Ley Andaluza de la Función Social de la Vivienda – conocida como Ley Antidesahucios- , recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y paralizada desde entonces. Y junto a ello, también han explicado a los diputados su trabajo sobre una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces puedan suspender los desahucios por razones humanitarias.
De alguna manera, les llevan “el trabajo ya hecho” a los diputados. Les ofrecen las herramientas legislativas que podrían aplicarse para poner freno al drama de los desahucios. “Es factible. Es posible. Pero falta voluntad política”, señalan los estudiantes a eldiario.es/andalucia en un corrillo hecho en la estación del AVE de Córdoba antes de emprender viaje a Madrid.
“Las personas afectadas necesitan una solución urgente y es posible”, señala tajante Javier. “Que no se pongan más parches, porque los desahucios ya afectan a todas las capas sociales y no sólo a adultos sino también a niños”, añade Inmaculada, al recordar cómo durante el trabajo llevado a cabo por estos universitarios han conocido de primera mano los testimonios de las familias afectadas en Córdoba.
“Son cosas de sentido común sin color político”
Lo que estos estudiantes han expuesto delante de los diputados “son cosas de sentido común y las leyes deben solucionar esos problemas”, apunta Francisco. Porque, como añade más tarde, el problema de los desahucios “no tiene color político, debe trascender a los colores políticos”.
Su informe acerca de la constitucionalidad de la Ley Andaluza Antidesahucios pone de relieve que la vivienda es un derecho humano y no un mero objeto de propiedad. E igualmente, que la estabilidad económica que esgrime el Gobierno central para haber recurrido esta ley “no puede estar por encima de las personas”.
Irene expresa el deseo de todos ellos sobre la propuesta en el Congreso: “Que no lo dejen aparcado. Que no se quede en nada y que se lleve a cabo”, dice con la ilusión y el conocimiento que a estos estudiantes les ha dado el trabajo hecho con legislación de toda Europa yjurisprudencia al respecto.
“Estamos contentos por cumplir con nuestro trabajo”, explica Francisco, porque estos estudiantes, como advierte Javier, “además de universitarios somos ciudadanos y con este trabajo hemos abierto nuestro horizonte profesional pero también como ciudadanos”, dice en representación deesta hornada de jóvenes de entre 20 y 21 años, futuros abogados, jueces o fiscales que no se quedan de brazos cruzados frente a los desahucios.
Esperan que la experiencia de este miércoles en el Congreso de los Diputados no se quede en papel mojado, al igual que sus propuestas hechas recientemente ante el Parlamento de Andalucía con el mismo objetivo de frenar los desahucios. “Si hemos sido capaces de hacerlas nosotros mientras estudiábamos, los políticos también pueden desarrollarlas”, concluye Inmaculada. Ahora, con su trabajo ya hecho, dejan el balón en el tejado de los diputados.
Lee la noticia en eldiario.es por Carmen Reina
