María del Mar García Cabrera, decana de la Facultad y directora del proyecto, ha explicado que en una primera fase se realizó un diagnóstico de la realidad de este colectivo, que posteriormente ha servido para planificar y desarrollar acciones de intervención socioeducativa cuyos frutos se exponen en estas jornadas. García Cabrera ha indicado que esta investigación interinstitucional sirve tanto la formación de los futuros maestros y educadores, como para “dar una respuesta fundamentada en datos objetivos y estudios rigurosos y combatir noticias alarmistas”. El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, ha agradecido la implicación de la Guardia Civil y el resto de instituciones y ha hecho un llamamiento a los estudiantes presentes en las jornadas, como futuros educadores, a “tener espíritu crítico y no asumir como verdad todo lo se vende a golpe de titulares o tuits”. Asimismo ha señalado que el papel de la Universidad, “no es solo ser motor de desarrollo económico, sino también social y cultural”, y que estas jornadas son un ejemplo de la responsabilidad y el compromiso de la Universidad con la “formación humanística y en valores de las personas”.
Juan Carretero Lucena, Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, ha agradecido la implicación de los tres guardias diplomados en Criminología que se han involucrado voluntariamente en este proyecto de investigación, destacando el gran aprendizaje que ha supuesto para el cuerpo trabajar en un equipo multidisciplinar. Carretero Lucena ha comentado que el papel de la Guardia Civil en este proyecto es aportar su experiencia en la protección de colectivos vulnerables y la perspectiva de la garantía del libre ejercicio de derechos y libertades.
Rafaela Valenzuela Jiménez, subdelegada del Gobierno, se ha dirigido a los participantes haciendo una llamada de atención sobre cómo se tergiversa el lenguaje cuando una sociedad no quiere afrontar una realidad. “Siempre actuamos así cuando queremos dejar algo de lado: primero se le despoja de su identidad y luego lo rechazamos cuando nos interpela. En el caso que nos ocupa, primero falseamos el nombre llamándoles MENAS cuando son simplemente menores; y decimos que son no acompañados por no decir solos, sin anclajes afectivos”. Valenzuela ha subrayado que la protección de estos jóvenes es una cuestión de derechos humanos y de cumplimiento de la legislación nacional e internacional.
En la misma línea ha centrado su intervención Juan Calvo-Rubio Burgos, Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Córdoba, el cual ha destacado que estas jornadas van a “permitir ver la fiscalía tal y como realmente es, puesto que el fiscal tiene como objetivo velar por los derechos y libertades de las personas”. Asimismo ha hecho una llamamiento a no asimilar “MENAS como sinónimo de actividad delictiva, pues la realidad no es esa, sino que son menores que abandonan sus países para buscar una vida mejor, poniendo en riesgo su vida”.
La delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Inmaculada Troncoso García, ha señalado que la Junta de Andalucía, como Entidad Pública competente en materia de protección de menores, tiene la obligación de atender a los MENAS en sus necesidades básicas de alojamiento y manutención, así como de procurarles educación y facilitarles la inserción social y laboral. Asimismo, ha asegurado que a estos menores se les atienden con los mismos medios e instrumentos que los menores nacionales, es decir, el acogimiento familiar y el acogimiento residencial en centros de protección. Para finalizar, Troncoso ha señalado que uno de los principios básicos de la actuación protectora de la administración es la normalización, para ello se procura que vivan en espacios integrados en la comunidad, y que puedan acceder a los recursos comunitarios en las mismas condiciones que el resto de jóvenes de la zona.