El  profesor Mariano López Benítez, catedrático de Derecho Administrativo y Ponente de dicho Seminario, pasó revista a los orígenes y caracteres con los que surgió la Administración moderna así como a las profundas transformaciones que dicho modelo experimentó durante la segunda mitad del siglo XX, cuando los fines del Estado y, consecuentemente, las tareas de la Administración Pública se vieron notablemente acrecidas. En su opinión, esas transformaciones fueron mal digeridas y asimiladas por el modelo administrativo originario  y crearon unas Administraciones Públicas desproporcionadas en su tamaño, inseguras en el ejercicio de sus competencias, insolidarias y desleales en sus relaciones recíprocas, y profundamente relajadas en los controles. Probablemente, inservibles también para afrontar los retos y exigencias de un mundo cada vez más globalizado y poco ejemplificadoras para el ciudadano de a pie.

Tales males estaban, pues, en la vida de nuestras Administraciones  antes de que la crisis económica aflorada durante el verano de 2007 los trajera a un primer plano y pusiera como una de las principales metas de los gobiernos la imprescindible reforma de la Administración; reforma que, por ello, tendría que haberse acometido con independencia de la crisis surgida, puesto que el modelo administrativo existente estaba profundamente enfermo y generaba hondas desconfianzas del ciudadano acerca de su operatividad y eficacia. De este modo, la imprescindible reforma de la Administración no puede basarse sólo en recetas económicas –como el tan traído y llevado debate acerca de la supresión de Administraciones y entes públicos-. Dicha manera de entender la transformación de la Administración pronto desvelaría sus insuficiencias y carencias y haría revivir otros males si cabe más perniciosos. Haría falta, en opinión del ponente, tomar conciencia de que la reforma de la Administración precisa algo más que medicinas económicas; requiere asumir e interiorizar el compromiso de la responsabilidad social e individual en el logro de las metas sociales; recuperar la confianza en el Derecho y en sus valores de Justicia y seguridad; instaurar una ética administrativa en la que a la colaboración entre Administraciones se una la lealtad hacia la Administración y hacia lo público de quienes sirven en la Administración y de los ciudadanos en general; hace falta, en fin, realzar y valorar la importancia de los controles y los contrapesos como fórmulas más aptas para evitar la patrimonialización y el “secuestro” de la Administración por ciertos aparatos y lobbies. En este camino, la transparencia y publicidad de las actuaciones administrativas, la simplificación de los procedimientos, el diseño de canales y fórmulas más efectivas de participación que las existentes, y la consecución un ordenamiento jurídico aprehensible y comprensible y, sobre todo, previsible, se adivinan factores que, desde luego, deben tener un papel protagonista en esa tarea de reformar y modernizar la Administración en la que todos debemos empeñarnos.