2. Las medidas adoptadas por el gobierno de la nación ponen en riesgo aquello que es fundamental salvar en una crisis tan grave como la que vivimos: la posibilidad de salir de ella. Las medidas que se imponen repercuten directamente en la posibilidad de regeneración del sistema universitario, ya que suponen perder a una parte considerable del profesorado en formación cuya carrera profesional se verá interrumpida. Entendemos que cualquier medida anti crisis debería asegurarse el no arriesgar el futuro de la Institución universitaria
3. Estas medidas se adoptan sin contar con los interlocutores legítimos del propio sistema universitario y, por lo tanto, rompe toda posibilidad de usar los sistemas de sinergias tan fundamentales cuando se necesita actuar sobre sistemas complejos. Si se quiere modificar con solvencia al sistema universitario, no puede hacerse sin contar con sus actores principales. Eso conduce a que el conjunto del sistema reaccione unánimemente en contra y, por lo tanto, impide una reforma que posibilite una salida plausible de la crisis. Por lo tanto, las iniciativas ministeriales no hacen sino despilfarrar los recursos existentes para salir de la crisis ya que fuerza a todos los actores a luchar contra las propuestas, en lugar de remar en la misma dirección.
4. Entre las medidas anunciadas por el Ministerio de Educación se han suprimido programas como Educa3 o Escuela 2.0; el primero dedicado a apoyar el nivel educativo de 0 a 3 años y el segundo a integrar las tecnologías de la información en las aulas. Estas líneas de actuación se han valorado como no prioritarias e ineficientes por el actual ministro de educación. La educación es algo imprescindible para la sociedad, aporta formación, identidad, solidaridad, ética, creatividad, emoción, reglas de convivencia, oportunidades; por tanto no puede valorarse en términos de déficit.
5. La acción del gobierno central impone unos recortes en las partidas presupuestarias asignadas a educación que afectará a la oferta de empleo público de los centros de infantil y primaria con el consiguiente perjuicio para los egresados de nuestras Facultades y para la calidad del sistema educativo en general. Los recortes en infantil y en primaria y la supresión de programas y oposiciones no se deberían hacer sin haber oído a los responsables de las diferentes Autonomías. El futuro de la educación no puede depender de medidas económicas coyunturales. La falta de visión en los planteamientos ministeriales a medio plazo constituye un error evidente.
6. La subida de tasas y el cierre de carreras poco demandadas incidirá negativamente en algunos planes de estudios universitarios y provocará un ciclo perverso: al subir las tasas, menos alumnos podrán estudiar, lo que llevará a que algunas carreras tengan menos alumnos que los permitidos para continuar y habrá que cerrarlas. El propio RD impone mecanismos de cierre. Esta medida concreta de la elevación de las tasas universitarias, sin otras complementarias, traerá consecuencias imprevistas: no sólo impedirá el acceso a la formación universitaria de muchas personas con menor poder adquisitivo, sino que forzará también a que sobrevivan sólo algunos títulos, los que el mercado seleccione. Consideramos una dejación de funciones inadmisible el que un gobierno deje al mercado la decisión estratégica del diseño de la formación superior de la sociedad.
7. Sin previo aviso se utilizan los sexenios de investigación como medida de la capacidad docente teórica de un profesor. Un reconocimiento de la labor investigadora del profesorado se utiliza como una espada de Damocles contra un grupo de profesores, aumentando su carga docente y creando otro círculo vicioso: más clases, menos investigación, más clases, disminuyendo por tanto la calidad de la docencia y la capacidad investigadora de las Universidades.
Finalmente, queremos poner de manifiesto que los Decanos de las Facultades de Educación de Andalucía, Ceuta y Melilla, nos posicionamos en contra de este Real decreto y a favor de la universidad pública y la autonomía universitaria. "