Igualmente, aclara que “la Universidad de Córdoba no puede, ni debe injerir en el proceso de negociación que la empresa adjudicataria, en su calidad de empleador, está llevando a cabo con sus trabajadores, y ello debido a que se trata de un  contrato  externalizado, regulado por la Ley de Contratos,  que confiere a la Universidad una relación exclusiva con la empresa y en ningún caso con los trabajadores que de ella dependen.

En cualquier caso esta Universidad “lamenta profundamente la situación existente  y reitera su disposición para el establecimiento de soluciones consensuadas, ello siempre dentro del ámbito de sus competencias, entre las que está,  como ya se ha mencionado, el seguimiento exhaustivo del contrato de servicios en vigor, cuyo cumplimiento ha de  exigirse de forma rigurosa”.