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En 1993 Naciones Unidas aprueba la Declaración sobre la eliminación de la Violencia Contra las Mujeres en la que se afirma que la violencia de género deteriora o anula el desarrollo de las libertades, la libertad individual y la integridad física de las mujeres. De esta forma, se hacía visible una de las consecuencias más terribles de una cultura patriarcal, que en todo el mundo, atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres, ya que se ejerce contra ellas, por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
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El reconocimiento en el marco de los tratados y legislación internacional supuso un momento de inflexión en las sociedades democráticas, en las que se reconoce que la violencia que sufren las mujeres no deben ser ocultadas en la “intimidad de las relaciones” ni pertenecen al “ámbito privado” sino que constituyen un problema social que nos compete al conjunto de la ciudadanía y sobre el que hay que actuar desde todos los ámbitos.
En este sentido, una de las medidas más importantes que se han adoptado en España, fue en el año 2004, la aprobación de La Ley Integral de la Violencia de Género que además de crear órganos específicos y establecer una conexión directa ente igualdad y violencia de género, incorpora medidas tan necesarias como la protección en el ámbito social para justificar las ausencias del puesto de trabajo de las víctimas de la violencia de género, posibilita su movilidad geográfica, la suspensión con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato, así como medidas de apoyo económico para que las víctimas de la violencia de género generen derecho a la situación legal de desempleo cuando resuelvan o suspendan voluntariamente su contrato de trabajo. En idéntico sentido prevé medidas de apoyo a las funcionarias públicas que sufran violencia.
Sin embargo, debemos señalar, que a pesar de la idoneidad de una Ley, que fue aprobada por unanimidad en las Cortes Españolas, la ausencia de recursos y medios apropiados para su desarrollo, está dificultando enormemente la prevención, ayuda y seguridad para mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia de género. No solo, no hemos conseguido detener el número de víctimas, sino que estamos asistiendo a situaciones de violencia en edades cada vez más tempranas. Y es que los recortes que se vienen sucediendo desde el año 2010
han acumulado una caída de un 26%.
La gravedad de la situación, exige un Pacto de Estado contra la violencia de género, donde la Administración Pública debe jugar un papel fundamental como garante, desde una perspectiva integra, de las actuaciones previstas por la Ley 2004. Para ello es necesario tomar medidas urgentes que requieren de medios y recursos en todos los niveles. Desde los juzgados, la policía, los servicios sociales, la sanidad o a la educación. Desde FeSP UGT seguiremos trabajando
por una sociedad libre de violencia de género. Nos va la vida en ello.
Julio Lacuerda - Secretario General de FeSP UGT
20 MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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