UGT Informa: Convocada una concentración ante la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía el próximo 20 de febrero a las 12’00 horas para mostrar nuestro rechazo al nuevo recorte del 5% de la Junta de Andalucía

Se ha convocado una concentración ante la Delegación de Hacienda de la Junta de Andalucía el próximo 20 de febrero a las 12’00 horas para mostrar nuestro rechazo al nuevo recorte del 5% de las retribuciones periódicas integras anuales a los empleados públicos de Andalucía, y entre ellos, a los de las Universidades Andaluzas a través de la Ley 3/2012 del 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. 

El gobierno andaluz contribuye al hundimiento del poder adquisitivo de los trabajadores públicos, que ya es superior al 30% desde que comenzaran los recortes.

El gobierno andaluz se convierte en cómplice del gobierno del Partido Popular, y de todos los gobiernos que han emprendido esa vía. Precisamente, ellos que se ofrecen como la alternativa a la política del austericidio y de la liquidación de lo público.

El gobierno de Andalucía no se puede amparar en la excusa del presupuesto y en los recortes del gobierno central, hay otros caminos para sanear las cuentas que el del atajo de las nóminas de los más débiles. ¿Por qué no comienzan por reducir los gastos que provocan la proliferación de cargos y asesores innecesarios?

Los empleados públicos no somos los culpables de una crisis que han provocado los bancos y los propios políticos. No nos pueden imponer sacrificios cuando los escándalos y los derroches les están explotando en las manos ante la atónita opinión pública. No pueden saquear lo público, y a la vez ofrecernos el peor escándalo de corrupción de la historia de la democracia.

Al gobierno de los andaluces le exigimos que se ponga del lado de los trabajadores, de los empleados públicos, siendo coherente con lo que dice defender y comience por retirar la Ley 3/2012.

Al gobierno central y al partido que lo sustenta, le exigimos la retirada de los Reales-Decretos y las Leyes que están bloqueando el progreso de los servicios públicos, entre ellos el de las Universidades, y están castigando al empleado público. Le exigimos un cambio de política económica que persiga el fraude fiscal, estimule la producción y el consumo, rectificando la pérdida del poder adquisitivo del trabajador. Le exigimos una mayor decencia pública.

A todos los gobiernos, les instamos a que se pronuncien claramente en defensa de la contribución de los empleados públicos al progreso de Andalucía y del Estado, una declaración que defienda su dignidad, la que han estado atropellando para justificar sus reiterados castigos económicos.