MANIFIESTA:
- La situación actual derivada de la crisis sanitaria ha puesto de relieve un problema que ya era acuciante en la sociedad española: la necesidad de inversión en la salud mental y psicológica. La actual crisis sanitaria no ha hecho más que desvelar dichos problemas que se han visto incrementados en el último año de una manera alarmante. Algunos datos incontestables hacen referencia a que cada día se suicidan 10 personas en nuestro país. Además, los recientes informes afirman que en España hay una media de 6 psicólogos/as en el sistema sanitario frente a los 18 por cada 100.000 habitantes en Europa. Todo ello evidencia una insuficiente inversión en salud mental, que revierte claramente en una merma de la calidad de vida de las personas y de sus familias, comprometiendo el futuro de generaciones enteras.
- Adicionalmente, hay que señalar que los problemas psicológicos se ven acentuados en personas con menos recursos económicos, las cuales se ven doblemente afectadas tanto por la crisis sanitaria como por la crisis económica y social que estamos padeciendo. La salud de las personas no puede ser un lujo, debe ser una prioridad para los poderes públicos integrar la salud mental dentro de las políticas que persiguen paliar o amortiguar los graves efectos que la crisis sanitaria y social está provocando.
- Desgraciadamente, las personas afectadas por algún trastorno mental siguen sufriendo un fuerte rechazo social, son discriminadas y estigmatizadas. Las manifestaciones públicas que degradan a las personas que necesitan intervención psicológica no facilitan su integración en la sociedad como ciudadanos/as de pleno derecho. Es de justicia visibilizar dichos problemas desde todos los colectivos profesionales y académicos implicados en su abordaje, afrontarlos desde el respeto a las personas que los sufren y apoyarlas con el mayor conocimiento científico existente en estos momentos.
Por todo ello, la Conferencia de Decanos y Decanas de Psicología de las Universidades Españolas (CDPUE) considera que la salud mental debe convertirse en una prioridad de la política de salud del Estado. En ese sentido, es necesario una mayor inversión y medidas institucionales que incidan directamente sobre la salud mental, tanto a través de servicios especializados como con la incorporación de profesionales de la psicología en la atención primaria. Asimismo, sería conveniente la implementación de programas de prevención y promoción de la salud mental transversalmente en el ámbito social y comunitario (por ejemplo, en el trabajo y en los entornos educativos). Apoyamos que la inversión se canalice desde el Sistema Nacional de Salud como garante de la equidad y la justicia social. En los países en los que se ha incorporado la atención psicológica en los sistemas públicos de salud y se han implementado políticas de promoción de la salud mental se ha constatado un beneficio inmediato y cuantificable, no solo sobre la salud de la ciudadanía, sino también cifrado en términos de ahorro en los costes económicos asociados a la enfermedad.
Sevilla, a 25 de marzo de 2021