Es imposible justificar que, si el objeto de dicho proyecto normativo es la regulación de las prácticas académicas (universitarias), todo se esté decidiendo en el marco del Diálogo Social que protagonizan en exclusiva Gobierno, sindicatos y patronales. Esta incomprensible laboralización de una actividad que es pura y esencialmente académica no tiene nada que ver con la mejora de la protección en Seguridad Social de los estudiantes en prácticas cuando reciben durante su desarrollo una beca –no un salario, porque si hay salario, es contrato de trabajo y no práctica académica– o con la necesidad de regular adecuadamente el desarrollo de las prácticas para evitar un posible uso incorrecto de las mismas.
Respecto de la situación actual, no se aprecia ventaja material alguna, salvo el sinsentido de ofrecer prestaciones o subsidios sustitutivos de rentas de trabajo que no existen (incapacidad temporal o maternidad y paternidad, por ejemplo) o la novedad de que se atiendan en el ámbito de la Seguridad Social situaciones incapacitantes actualmente ya protegidas mediante otros instrumentos.
Asimismo, y al margen de que en España la asistencia sanitaria es universal, los estudiantes la tienen específicamente protegida a través del seguro escolar. Teniendo en cuenta esto, la única novedad real de la propuesta que se está negociando –no por Crue– se encontraría en la posibilidad de acumular carrera de seguro (días y meses cotizados para ganar pensiones el día de mañana, típicamente para la de jubilación). Pero, para eso, bastaría con establecer el alta y cotización ficticia, como ya se hace en algunas situaciones reflejadas en nuestro sistema de Seguridad Social.
Conviene llamar la atención, también, sobre el hecho de que la gestión de las altas y las bajas, así como de la cotización, va a exigir una dedicación del personal de las universidades que habrá que detraer de otras tareas que ahora se vienen haciendo o recurrir a nuevas contrataciones, sin que haya presupuesto ni para esto ni para pagar la cotización de los estudiantes en prácticas (incluso si se aplica una bonificación o una reducción del 95%, como se está planteando).
En este escenario, las universidades públicas podrían verse abocadas a una situación límite dada su conocida y endémica infrafinanciación que, una vez más, no parece haber sido siquiera considerada.
Pero, sobre todo, estas medidas perjudicarían la formación de nuestros estudiantes, que podrían ver significativamente reducida la oferta de prácticas que ahora desarrollan y que resulta muy valiosa para su preparación.
Por último, Crue advierte con gran preocupación de la desaparición en el nuevo Estatuto del becario de las prácticas extracurriculares, que ocasionará una discriminación entre estudiantes que van a poder empezar a sumar cotizaciones en seguridad social, por ejemplo, los de ciencias de la salud, y estudiantes de otras titulaciones no podrán hacerlo. En cualquier caso, como ha venido haciendo desde el primer momento, esta asociación vuelve a ofrecer su total colaboración para impulsar cualquier iniciativa real de mejora.