El alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, ha inaugurado la cita agradeciendo la colaboración del Área de Derecho Administrativo de la UCO con el Ayuntamiento siempre que le ha sido solicitada. Bellido ha aseverado que este ámbito jurídico, que afecta a la labor diaria de la gestión municipal, garantiza “la equidad y la noción de justicia”, y ha indicado que este tipo de congresos tiene, por tanto, “un importante retorno social”.
En este Congreso, dirigido los profesores Antonio Bueno Armijo y Lucía Alarcón Sotomayor, se debatirán los problemas más importantes que plantean en la actualidad las sanciones administrativas tanto en España como en otros países de nuestro entorno (Francia, Italia o Portugal), así como en los principales países latinoamericanos (Perú, Chile o Colombia). Para ello, los principales administrativistas expertos en la materia, junto a penalistas, pondrán de manifiesto los temas más relevantes del Derecho Administrativo sancionador del siglo XXI a lo largo de ocho sesiones y dos mesas redondas.
Los participantes, venidos de las Universidades de Valladolid, Carlos III de Madrid, Zaragoza, Huelva, Las Palmas, Gerona, Barcelona, Málaga, Oviedo, Cádiz, Complutense, Rey Juan Carlos, Granada, Lérida, Murcia, Jaén, Universidad de Rennes, Universidad do Minho, Universidad de los Andes, Universidad Externado de Colombia, Universidad de Piura, CUNEF Universidad, Pontificia Universidad Católica del Perú y Università Roma Tre, han sido recibidos por el vicerrector de PDI, José Manuel Palma Herrera, especialista en Derecho Penal, quien ha indicado los puntos comunes entre penalistas y administrativistas.
El presidente del Consejo Social de la UCO, Francisco Muñoz Usano, ha estado también presente en la inauguración, y ha señalado al Derecho Administrativo como “garante del progreso y el bienestar” y “esencial para defender los valores de nuestra sociedad”. Junto a ambos, han dedicado unas palabras a los asistentes el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, José J. Albert Márquez, y el presidente de EMACSA, Daniel García-Ibarrola Díaz.
Este congreso ha sido financiado con dos proyectos de investigación, uno estatal y otro andaluz, de concurrencia competitiva (Proyecto PID2022-138118NB-I00 “La Administración sancionadora de la Unión Europea” del Ministerio de Ciencia e Innovación y Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía “La nueva seguridad pública, Derecho Administrativo sancionador y Estado de Derecho en Europa” - ProyExcel_00903) y ha contado también con la ayuda económica de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (EMACSA), la Diputación de Córdoba y el Consejo Social de la Universidad de Córdoba.
El Congreso terminará la tarde de mañana, viernes 8, con la defensa oral de un buen número de comunicaciones en las que los profesores más jóvenes de la doctrina tendrán la oportunidad de exponer sus teorías al respecto. En la clausura, se entregará el premio a la mejor comunicación a cargo del presidente de EMACSA.