Falta de financiación y precariedad de plantillas marcan el inicio del curso universitario.

  • La escasez de fondos repercute en las plantillas, la calidad docente y la investigación
  • Es necesaria una reforma urgente de los criterios ANECA de evaluación del profesorado universitario

Se inicia un nuevo curso académico y CSIF alerta que sigue sin resolverse el grave problema de la infrafinanciación de las universidades públicas españolas que reciben ahora menos fondos que hace diez años. La estadística del Ministerio de Educación es contundente al reflejar el descenso de 1.300 millones de euros en el gasto público en educación universitaria entre 2010 y 2017. También sigue sin recuperarse la inversión por alumno que se recortó un 13% entre 2010 y 2015 según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los resultados de estas políticas evidencian que en las universidades los ingresos de las administraciones públicas van a la baja, mientras se produce un incremento general de los ingresos provenientes de tasas y precios públicos que tienen que pagar los ciudadanos.

En este escenario de escasa financiación, la situación se muestra insostenible en las universidades públicas catalanas, cuyos rectores denuncian la gravedad de su situación financiera y demandan acciones inmediatas para no ver afectados el funcionamiento normal y los resultados de la actividad universitaria. La desinversión pública en la universidad afecta a la mayoría de Comunidades Autónomas y algunas (Valencia, Madrid o Castilla y León) están proponiendo ya un nuevo modelo de financiación de las universidades que garantice estabilidad y certidumbre, y que les permita aspectos básicos como mantener los edificios o renovar equipos.

CSIF denuncia que los recursos resultan totalmente insuficientes también en la I+D+i según acaba de certificar la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al indicar que la inversión total (pública, privada y extranjera) en I+D+i ha caído en España entre 2009 y 2016, un -10,2% en contraste con el crecimiento del 17% de la Unión Europea. Necesitaríamos incrementar la inversión en investigación y desarrollo un 0,8% del PIB (10.000 millones de euros) para acercarnos a la media europea y a los objetivos del Horizonte 2020 que es el programa que financia proyectos de investigación e innovación en el contexto europeo. El panorama se torna más desalentador cuando se comprueba que los préstamos, las garantías adicionales y las trabas burocráticas influyen decisivamente en que sólo se haya ejecutado el 50% de lo presupuestado para I+D+i.

CSIF pide incrementar la financiación para recuperar y mejorar unas plantillas de personal docente e investigador y de administración y servicios, envejecidas, diezmadas por la tasa de reposición y con altos índices de inestabilidad y precariedad. Sólo el 53% de la plantilla de profesores universitarios tiene un trabajo estable y proliferan por miles los profesores interinos (Titulares de Universidad, Contratados Doctores o Sustitutos interinos) y los contratados laborales temporales (Ayudantes, Ayudantes Doctores y Asociados). Merece señalarse que el colectivo docente más numeroso -que supone hoy en día una cuarta parte de los docentes universitarios españoles- son los más de 22.800 profesores Asociados que cuentan con un contrato temporal y dedicación a tiempo parcial que termina traduciéndose en sueldos vergonzosos y una pésima situación laboral. Es imprescindible aumentar los presupuestos para poder estabilizar a las plantillas de PAS y PDI y poner fin a una mano de obra barata que surgió al albur de la crisis y que se perpetúa en una precariedad inaceptable.

REFORMA DE LOS CRITERIOS ANECA

A lo largo de este curso deben reformarse sin más dilación, los criterios de acreditación del profesorado universitario de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Unos criterios cuyos efectos perversos sobre muchos profesores y algunas áreas CSIF viene denunciando desde hace tiempo y terminó exponiéndoselos el pasado 30 de agosto al Presidente del Gobierno en funciones y al Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Estos criterios también han sido objeto de controversia pública este verano por su rigidez, falta de transparencia y excesiva burocracia y porque, además de frenar la internacionalización, dejan en la cuneta a numerosos científicos de élite. El sindicato alerta que algunas áreas de conocimiento (Ciencias Sociales, Ciencias Biomédicas, Derecho, Ciencias de la Educación, Medicina Clínica, Historia y Filosofía) se verán lastradas de manera significativa a medio plazo si no se introducen cambios inmediatos en estos criterios de evaluación del profesorado.

Supremo fin al vicio de la falta de publicidad de las comisiones de servicio.

  • Por fin una gran noticia, una sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 24 de Junio de 2019 (recursos.1594/2017) que pone fin al vicio de la falta de publicidad de las Comisiones de Servicio.

Un estupendo artículo desarrollado por delaJusticia.com, el rincón jurídico de José R. Chávez, nos comenta de manera detallada los detalles de esta sentencia por lo que se hace imprescindible su lectura, puedes acceder a dicho artículo desde este enlace, en el encontrarás el fundamento que regula la necesidad de ofertar las Comisiones de Servicio mediante convocatoria pública dentro del plazo que prevea el ordenamiento funcionarial respectivo matizando información de estos casos. 

Además esta sentencia, repasa las garantías deducibles: que exista vacante y que sea urgente, duración máxima y prorrogabilidad, que el designado cuente con las exigencias previstas para el puesto de trabajo, la competencia para acordarla, que se oferte la plaza en la siguiente convocatoria por el sistema que corresponda y otras. 

Al final del artículo aparecen cuestiones lógicas que deberán ser resueltas, no te las pierdas !!

* Nota: Se adjunta la sentencia.

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Carta abierta a toda la Comunidad Universitaria.

Esta Sección Sindical manifiesta al hilo de las comunicaciones efectuadas desde la Gerencia de la Universidad de Córdoba, así como de los representantes del PAS en Consejo de Gobierno y la posible interpretación conjunta en las que presentan sorprendentemente las mismas explicaciones acerca de la situación del PAS Funcionario adscrito a los Departamentos, esta Sección Sindical quiere recordar a la comunidad universitaria los siguiente puntos fundamentales:

Los representantes del PAS en Consejo de Gobierno, elegidos de acuerdo con el resultado de las elecciones a Claustro Universitario, NO son los representantes de los trabajadores legítimamente elegidos por medio de las correspondientes elecciones sindicales.

Los representantes del PAS en Consejo de Gobierno son elegidos por todos los miembros del Personal de Administración y Servicios. Sus derechos y obligaciones son para la comunidad en su totalidad, donde no contempla la capacidad de representación sindical, además de la obligación de ofrecer información relativa a sus intervenciones en C.G. que afecten a nuestro colectivo totalmente desligadas de cualquier sigla sindical.

El hecho contrastado de que además pertenezcan a organizaciones sindicales, olviden su representación comunitaria, publicando incluso sus intervenciones en portales propios, no permite a ninguna de las partes, la posibilidad de establecer relaciones directas con la Gerencia de esta Universidad para tratar temas exclusivos del personal obviando la representación legítima de los trabajadores, ya sea por los sindicatos representativos o por la Junta de Personal del PAS Funcionario y Comité de Empresa.

Esta sección sindical recomienda encarecidamente a la Gerente y a los representantes del PAS en Consejo de Gobierno la lectura de las leyes 9/87 de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del personal al Servicio de las Administraciones Públicas y 7/07 del Estatuto Básico del Empleado Público, Capítulo IV, Derecho a la Negociación Colectiva, Representación y Participación Institucional. Derecho de Reunión. Echamos de menos que nuestros representantes en Consejo de Gobierno se lo hubieran recordado a la Gerente cuando hablo con ellos.

Queremos recordar que el acuerdo del punto 7 de Consejo de Gobierno de 13 de Mayo de 2019 ha sido recurrido por CCOO y CSIF. Recurso que UGT no ha querido firmar, dejando claro que no apoya al PAS de los departamentos al estar de acuerdo con la Gerencia, modificando sus condiciones de trabajo sin negociar con sus representantes legítimos.

Así mismo señalar a nuestros compañeros representantes del PAS en Consejo de Gobierno que dicho acuerdo de C.G. SI afecta al PAS Laboral que realiza funciones administrativas en los departamentos y modifica, a nuestro entender, sustancialmente las condiciones de trabajo del PAS adscrito a los mismos.

Tanto los sindicatos representativos de la Universidad de Córdoba así como la propia Junta de Personal Funcionario y Comité de Empresa, han solicitado formalmente información y negociación al respecto obteniendo como respuesta “un comunicado”, resultado de una consulta exclusiva entre Gerencia y representantes del PAS en C.G. en la que se alude por parte de la Gerencia una “hoja de ruta” de la que no tenemos conocimiento, ni existe en los medios transparentes de publicación del PAS de esta Universidad en stand-by desde el 2017.

Además, CCOO, CSIF y UGT también han solicitado al Rector reunión de Mesa General de Negociación con fecha 24.Mayo.2019 y reiterada de nuevo con fecha 14.Junio.2019, sin que haya sido convocada hasta el momento.

Esta sección sindical concluye: no se atienden las peticiones de la representación legítima de los trabajadores, siendo insistente y contrastada para poder satisfacer la demanda de información del personal implicado en esta reestructuración departamental que pudieran tener repercusión sobre las condiciones de trabajo y la Gerencia se limita a reunirse con los representantes del PAS en Consejo de Gobierno.

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Modificación sustancial de las condiciones de trabajo de las funciones administrativas en los Departamentos.

A la atención de la Sra. Gerente de la Universidad de Córdoba.

La Sección Sindical de CSIF, visto su escrito de fecha 13 de junio de 2019 y su posterior publicación en “Novedades de la UCO”, sí observa una clara discrepancia entre las Funciones Específicas del Área de Departamentos acordadas en Mesa de Negociación y Consejo de Gobierno de fechas 13 de febrero y 27 de marzo de 2009, respectivamente, y lo aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2019, al disponer en el punto 7 que “El personal de Administración y Servicios de los diversos departamentos vendrá obligado a colaborar en la gestión de la contratación menor que se derive de las funciones docentes, investigadoras o de transferencia de la actividad del departamento a fin de que se cumplan los requerimientos establecidos en el presente acuerdo”.

En el párrafo séptimo del primer punto del Catálogo de Funciones Específicas del Área de Departamentos se establece el “apoyo, asistencia y asesoramiento a Proyectos, Grupos y Profesorado en la Gestión Económica”, entrando en colisión con lo estipulado en el citado punto 7 del reciente acuerdo de Consejo de Gobierno.

Asimismo, contradice lo citado en su instrucción 3/2015 “Sobre el abono de retribuciones al PAS y al personal contratado con cargo a unidades de gasto por su participación en contratos/proyectos de investigación u otras colaboraciones (excluido art. 83), así como de gratificaciones extraordinarias”.

Esta Sección Sindical considera, manifestado lo anterior, que este tema tendría que haber sido negociado, y así fue solicitado por los tres Sindicatos el pasado 24 de mayo de 2019, dado que modifica sustancialmente las condiciones de trabajo de los compañeros afectados. A tales efectos, el 12 de junio de 2019 CSIF y CCOO han presentado conjuntamente un recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Rector Magnífico contra el acuerdo adoptado por Consejo de Gobierno de 13 de mayo al que usted alude en su escrito.

Por todo lo expuesto anteriormente, esta Sección Sindical de CSIF solicita que convoque urgentemente a los representantes legales de los trabajadores.

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Hacienda anuncia la subida del 0,25% en Julio.

Hacienda anuncia la subida del 0,25 por ciento en julio para los empleados públicos, tras la petición de CSIF

  • CSIF pide a comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades que actualicen también las nóminas de sus empleados públicos

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, anunció ayer que tiene previsto incluir en las nóminas de julio la subida salarial del 0,25 por ciento para los empleados públicos (subida adicional vinculada a los objetivos del PIB) en la nómina de julio de la Administración General del Estado.

Este anuncio se produce un día después de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, registrara una petición formal al Ministerio de Función Pública para abordar esta cuestión. CSIF pide a comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades que actualicen también las nóminas de sus empleados públicos. Esta subida supondrá una media de 70 euros al año.

El pasado 29 de marzo, cuando se conoció el cierre del PIB correspondiente a 2018, CSIF ya reclamó al Gobierno que hiciera efectiva la subida salarial pactada del 0,25 por ciento.

El acuerdo en materia de retribuciones vigente establece una subida del 0,25 por ciento –adicional a la del 2,25 ya aplicada— ligada a un objetivo del PIB del 2,5 (los datos publicados ayer por el INE sitúan en el 2,6 el crecimiento del PIB en 2018. Por tanto, el Gobierno debe aplicar la subida para que entre en vigor en julio, tal y como establece el acuerdo.

El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 8 de enero la subida salarial para los empleados públicos del 2,25 por ciento. A este respecto, recordamos que en esa ocasión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también realizó este anuncio después de las protestas convocadas por CSIF.

En todo caso, CSIF ha registrado en el Ministerio de Función Pública una petición formal para abordar con el Gobierno una en funciones una hoja de ruta para abordar estas cuestiones de retribuciones, así como el retraso en los procesos de estabilización de empleo, o el hecho de que los funcionarios aún no hayan recibido la devolución correspondiente al IRPF por los permisos de paternidad y maternidad.

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