CSIF alerta contra la creación de nuevas universidades privadas en Madrid.

• Pide a la Asamblea de Madrid más apoyo a las universidades públicas antes de autorizar la apertura de tres nuevas universidades privadas
• Restar recursos a las universidades públicas pone en riesgo la calidad del sistema universitario y presenta perjuicios para alumnos, profesores y personal de administración y servicios

El Consejo de Gobierno pretende que la Asamblea de Madrid apruebe, antes de las elecciones de mayo, la creación de tres nuevas universidades privadas. Se trataría de tramitar con un procedimiento abreviado de lectura única tres proyectos de ley para reconvertir en universidades privadas los, hasta ahora, centros adscritos a las universidades públicas Complutense (Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF y Universidad Internacional Villanueva) y Rey Juan Carlos (ESIC Universidad).

CSIF denuncia que el desarrollo de esta propuesta implicaría restar fondos y recursos a las universidades públicas a las que pertenecen los centros adscritos, al tiempo que se pondría en riesgo la calidad del sistema universitario madrileño, pues bajar la misma para atraer o retener alumnos puede ser una clara tentación en las universidades privadas que se mueven por el negocio en vez de hacerlo por una idea/mandato social como lo hacen las universidades públicas.

En este sentido, el sindicato recuerda que los rectores de las seis universidades públicas de Madrid se han opuesto frontalmente a esta iniciativa tanto por la inflación de universidades privadas en la región, que llegarían a trece sin contar la presencia de campus de otras universidades externas, como por apreciar insuficiencias en las propuestas académicas de grado, máster y doctorado. Además, algunas informaciones apuntan a que estas tres no serían las últimas que se autorizasen antes de finalizar la legislatura.

Carencia de actividad investigadora, de innovación y de transferencia de conocimiento junto a un reducido catálogo de títulos y escaso alumnado son otros déficits para rechazar una propuesta a la que también se opone la Fundación Madri+d creada por el propio Gobierno autonómico para “contribuir a la calidad de la educación superior”.

CSIF destaca que la Comunidad de Madrid no tiene una ley propia de Universidades que fije los estándares de calidad que deben reunir las nuevas universidades que desean incorporarse a la región, que ya concentra una amplísima oferta de docencia superior e investigación científica de primer nivel. Por esta carencia, los requisitos exigidos actualmente a las universidades privadas de nueva creación resultan totalmente insuficientes. Parecería pertinente y razonable esperar a que la Comunidad de Madrid se dotase primero de una ley autonómica ampliamente consensuada que garantizase calidad, equilibrio, estabilidad y viabilidad para el sistema universitario madrileño.

Por otro lado, hay que recordar que la financiación con que la Comunidad de Madrid dota las universidades públicas sufrió graves recortes durante los años de la crisis y que, a día de hoy, dista mucho de ser la adecuada. CSIF no comparte la idea de que hay “demasiadas universidades públicas en la región” o de que estas “tienen demasiados alumnos”, cuando se observa un creciente interés por implantar más universidades privadas en la misma.

Por todo lo anterior y con el máximo respeto por la actividad que desarrollan las universidades privadas de calidad, CSIF reitera su permanente compromiso con la universidad pública y reclama a la Comunidad de Madrid que concentre sus esfuerzos en la mejora sustancial de la financiación de las suyas, desistiendo de iniciativas que detraigan recursos para las mismas con evidentes perjuicios para alumnos, profesores y personal de administración y servicios.

Comunicado CSIF sobre la Presidencia de la Junta de Personal.

Como ya es sabido, el pasado viernes, día 8 de febrero se celebró una sesión extraordinaria para la elección de la presidencia y secretaría de la Junta de Personal del P.A.S. Funcionario de nuestra Universidad, tras la decisión de las/os representantes de CC.OO. de dimitir de sus cargos y posteriormente de su representación en este órgano.

Las conversaciones entre miembros de UGT y CSIF junto con el apoyo de CC.OO. para intentar que esta situación excepcional no interfiriera negativamente en la labor de este órgano de representación, así como trasladar al personal una imagen de unidad y responsabilidad de sus representantes, tuvo como consecuencia la elección por unanimidad de Juan Francisco Ruiz Melero (CSIF) como presidente de la Junta de Personal Funcionario y de la compañera y representante de UGT Concepción Ocaña Hidalgo como secretaria.

Esta organización quiere poner de manifiesto que no era su prioridad que la presidencia la ostentara nuestro compañero electo, pero entendíamos que, a la vista de los apoyos recibidos en las últimas elecciones sindicales, sería más razonable y mejor entendido que la presidencia recayese en alguien integrante de la segunda lista más votada. No obstante, y así expusimos públicamente, si UGT prefería la presidencia, CSIF no obstaculizaría ni se opondría a esa opción, pero no propondría representante alguno para el cargo de secretario.

Queremos hacer público también, nuestro reconocimiento a las compañeras y compañeros de UGT por su sentido de responsabilidad y compromiso, y especialmente a las/los compañeros/as Mercedes Andujar Ramírez, Emilio Arjona Crespo, Juan Manuel Castro Jurado, Víctor Manuel Delgado Lorente, María del Carmen Jurado Pérez y Adolfo Muñoz Aguilar, por su colaboración responsable, labor y dedicación durante todos estos años en la Junta de Personal.

Gracias. Sección Sindical CSIF Universidad de Córdoba.

Medidas para reducir la burocracia en Universidades y Centros de Investigación.

El gobierno aprueba medidas para reducir la burocracia en Universidades y Centros de Investigación.

En línea con lo demandado por CSIF, retirará a los centros y universidades la intervención previa y habrá más agilidad para contratar investigadores o adquirir equipamiento.

Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad.

PDF (BOE-A-2019-1782 - 15 págs. - 272 KB)

Algunas de las medidas más significativas:

• Se elimina la intervención previa.
• Se rebaja la temporalidad y se podrá contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica.
• Se anula le necesidad de permiso para ejecutar contratos menores, hasta 50.000 euros con el mismo proveedor.
• Se modificará la Ley de la Ciencia para evitar discriminación en situaciones de maternidad, paternidad y discapacidad.
• Se otorgará más tiempo para la devolución de préstamos Renta-Universidad.

La inversión en I+D en España se sigue manteniendo lejos de la media europea

CSIF advierte que los PGE 2019 no suponen un cambio de tendencia e insiste en la necesidad de un mayor esfuerzo público y privado para conseguir la financiación que nuestros investigadores necesitan

• La actividad investigadora se ve frenada por una legislación muy rígida y por el incremento de la carga burocrática
• Se siguen necesitando más recursos humanos para impulsar la investigación

Según el Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje destinado en España a la I+D+i en el 2017 fue del 1,2% mientras que la media europea estaba en el 2.07% del PIB y países como Francia o Portugal alcanzaban en el 2,25% y 1,67% respectivamente. Se mantiene, por lo tanto, la brecha de inversión con respecto a la media comunitaria.

Si echamos la vista atrás, comprobamos como el gasto en porcentaje de PIB ha retrocedido un 9’7% desde 2008 a 2016. Además, incidiendo en nuestros seculares problemas de transferencia de conocimiento e innovación, nuestras empresas invierten en I+D un tercio de la media europea. Con estos mimbres y según destaca la Fundación Cotec, el objetivo para el 2020 de llegar al equivalente del 2% de la producción nacional sigue antojándose como un reto imposible.

Siguiendo la estadística del INE, en el ranking por comunidades autónomas en inversión respecto al PIB en I+D destacan Euskadi (1,88%), Navarra (1,73%) y Madrid (1,68). Por el contrario. en los últimos puestos aparecen Extremadura (0,62%), Castilla-La Mancha (0,57%) y Canarias (0,5%).

El recientemente presentado Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2019 recoge 7.413 millones de euros para I+D lo que supone un incremento del 5% con respecto a lo asignado en el 2018, pero todavía es inferior en un 23% a lo incluido en los PGE 2009. Conviene destacar que, además, las dotaciones presupuestarias siguen apostando por una política de préstamos que son créditos que deben devolverse y que suelen quedarse sin ejecutar, frente a una política de subvenciones que va más directamente a los grupos científicos. Con esta política, ¿cuántos años vamos a necesitar para revertir esta tendencia?

Por otro lado, la carga burocrática en las justificaciones de los proyectos I+D+i y la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público siguen dificultando la actividad investigadora y produciendo una reducción sistemática del grado de ejecución presupuestaria que cayó hasta el 30% en el 2017.

CSIF también señala que se hacen necesarios más recursos humanos para la investigación y pide la potenciación de los programas Ramón y Cajal y Juan de la Cierva. El gobierno debería afrontar con decisión el diseño de una carrera investigadora que permita la estabilización del personal investigador e implementar medidas más atractivas en los programas de captación y retención de talento.

Por último, el sindicato critica el incomprensible retraso en la publicación del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) que debería haber estado vigente ya a finales del 2018 y denuncia que, al final, los investigadores en formación (unos 10.000 en Universidades y Organismos Públicos de Investigación) no tendrán derecho a indemnización al finalizar su contrato.