Hacienda anuncia la subida del 0,25% en Julio.
Hacienda anuncia la subida del 0,25 por ciento en julio para los empleados públicos, tras la petición de CSIF
- CSIF pide a comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades que actualicen también las nóminas de sus empleados públicos
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, anunció ayer que tiene previsto incluir en las nóminas de julio la subida salarial del 0,25 por ciento para los empleados públicos (subida adicional vinculada a los objetivos del PIB) en la nómina de julio de la Administración General del Estado.
Este anuncio se produce un día después de que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, registrara una petición formal al Ministerio de Función Pública para abordar esta cuestión. CSIF pide a comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades que actualicen también las nóminas de sus empleados públicos. Esta subida supondrá una media de 70 euros al año.
El pasado 29 de marzo, cuando se conoció el cierre del PIB correspondiente a 2018, CSIF ya reclamó al Gobierno que hiciera efectiva la subida salarial pactada del 0,25 por ciento.
El acuerdo en materia de retribuciones vigente establece una subida del 0,25 por ciento –adicional a la del 2,25 ya aplicada— ligada a un objetivo del PIB del 2,5 (los datos publicados ayer por el INE sitúan en el 2,6 el crecimiento del PIB en 2018. Por tanto, el Gobierno debe aplicar la subida para que entre en vigor en julio, tal y como establece el acuerdo.
El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 8 de enero la subida salarial para los empleados públicos del 2,25 por ciento. A este respecto, recordamos que en esa ocasión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también realizó este anuncio después de las protestas convocadas por CSIF.
En todo caso, CSIF ha registrado en el Ministerio de Función Pública una petición formal para abordar con el Gobierno una en funciones una hoja de ruta para abordar estas cuestiones de retribuciones, así como el retraso en los procesos de estabilización de empleo, o el hecho de que los funcionarios aún no hayan recibido la devolución correspondiente al IRPF por los permisos de paternidad y maternidad.
