Convocatoria para la expedición de las certificaciones I3 del personal docente e investigador.

  • Resolución de 23 de enero de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes para la obtención de certificaciones I3.

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/28/pdfs/BOE-A-2019-1040.pdf

El artículo 19 uno.3.I) de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, señala una tasa de reposición del 100 por ciento para las «Plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, de profesores contratados doctores de Universidad regulados en el artículo 52 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universidades, siempre que por parte de las Administraciones Públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a los profesores contratados doctores previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la incorporación, en aquella categoría para la que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. En el supuesto de que no se utilicen todas las plazas previstas en esta reserva, estas se podrán ofertar a otros investigadores de programas de excelencia, nacionales o internacionales y que hayan obtenido el certificado I3.».

El personal investigador de las Universidades podrá presentar su solicitud de certificación I3 ante la Agencia Estatal de Investigación, desde el día siguiente a la publicación de esta resolución en el «BOE» y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Información de la última reunión sobre Internacionalización en la Secretaría General de Universidades.

Se trataron fundamentalmente los temas sugeridos por CSIF:

  • Afrontar el tema de los convenios bilaterales para títulos y visados de estudios. Se habló del interés que tendría un Espacio Iberoamericano de Educación Superior. También anunciaron un proyecto piloto de “migración” legal con Marruecos para graduados. Es una acción de retorno, con selección de proyectos de futura implantación en Marruecos. Desde CSIF hemos preguntado qué iba a pasar si el proyecto no es financiado por la UE y recordamos que para el asunto del espacio iberoamericano son necesarios:
    • i) Registro de títulos.
    • ii) Los trámites para los visados legales para estudiantes son muy largos.
     
  • Se va a seguir trabajando en racionalizar HOMOLOGACIONES Y EQUIVALENCIAS. Es un problema temporal (se tardan más de tres años) y de homologación o reconocimiento de titulaciones, especialmente cuando son profesiones reguladas, pues intervienen los colegios profesionales, etc. La existencia de un catálogo de títulos acreditados nos facilitaría mucho esta tarea. Desde CSIF se insiste que es fundamental poner en marcha un catálogo de títulos homologados.
  • Profesor visitante. Es un tema pendiente que se tratará en la Mesa del Estatuto del Personal Docente e Investigador. El Secretario General propone que tenga una duración de cuatro años, durante los cuales habría tiempo para conseguir la acreditación de la ANECA (horas de clase, etc.). Plantea que puede haber dos niveles, junior y senior. No requeriría acreditación para su contratación.

El Director de la ANECA podría aceptar revisar los criterios de evaluación del profesorado de determinadas Áreas (Derecho, Clínicas, etc).

El Secretario General de Universidades anunció que el director de la ANECA estaba en la línea de revisar los criterios, pero sólo en las áreas con peores resultados y con tasas de éxito por debajo del 50% (Derecho y las Clínicas entre otras). Se iría a información pública y las organizaciones presentaríamos alegaciones. Desde CSIF rechazamos que esta actuación quede tan limitada y lamentamos que no cumplan el compromiso adquirido hace poco más de un año de revisar todos los criterios de evaluación del profesorado.

El Gobierno acepta abrir un diálogo sobre la cotización de las prácticas universitarias.

  • Durante los últimos días el sindicato ha pedido formalmente explicaciones y mesas de negociación al Ministerio de Educación y al de Ciencia, Innovación y Universidades
  • CSIF valora el acuerdo del Gobierno con la CRUE para que, de momento, la cotización no sea obligatoria antes del curso académico 2019-2020

El pasado 29 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas. En dicha norma se incluye una disposición adicional quinta, por la que se regula la inclusión en la Seguridad Social a aquellos alumnos que realizan prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades. Aclara, además, que se incluyan aquellas prácticas no remuneradas entre las que se encuentran los alumnos universitarios de titulaciones de Grado y Máster así como alumnos de Formación Profesional de Grado Medio o Superior.

El cumplimiento de esta inclusión en la Seguridad Social se atribuye a la empresa, institución o entidad en la que se desarrollan las prácticas, salvo convenio o acuerdo de cooperación, por lo que podrá corresponder a la Universidad o al centro educativo en el que los alumnos cursen sus estudios.

Para CSIF, como sindicato representativo en las universidades públicas españolas, esta normativa puede acarrear perjuicios y problemas en nuestro ámbito de gestión educativa, pues en el caso de las prácticas de los Grados y Másteres si el pago de la Seguridad Social correspondiera a la Universidad, podría repercutir en el precio de las tasas y en la gestión de los centros docentes y empresas que acogen a estos alumnos universitarios. Y por el contrario, en el caso que correspondiera a la empresa receptora podría ser un hándicap a la hora de ofrecer dichas prácticas. Igualmente, si las Universidades tuvieran que hacerse cargo de la Seguridad Social de todos los miles de alumnos que tienen que realizar prácticas de aprendizaje no remunerado, podría acarrear serios problemas económicos a los centros universitarios y conllevar una importante disminución de las prácticas ofertadas.

Desde CSIF consideramos las prácticas académicas del todo punto imprescindibles y en muchos casos obligatorias en la formación de nuestros estudiantes y valoramos que computen como período de cotización a la Seguridad Social. Sin embargo, la normativa publicada se ha realizado sin negociación alguna y puede tener repercusiones muy negativas para los estudiantes y las universidades.

Por otro lado, consideramos que esta norma supondría una carga burocrática considerable al conllevar una revisión de todos los convenios de colaboración junto con altas y bajas en Seguridad Social constantes. Esto implicaría una nueva sobrecarga de trabajo a los empleados públicos de las universidades, en especial, al personal de administración y servicios.

Como se indica en la propia disposición adicional quinta en su apartado 6, el Gobierno se da tres meses de plazo para desarrollar esta normativa, que entraría en vigor al día siguiente de la publicación de la misma. CSIF considera que debe ser negociada, pues afectará sin duda a los docentes y al personal de administración y servicios, y exige al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que exponga ante el Ministerio de Hacienda los inconvenientes que esta norma puede acarrear a nuestro sistema universitario.

CSIF ha solicitado que, de manera inmediata, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoque la Mesa de Negociación, con el objetivo de que esta regulación no afecte al normal funcionamiento de la educación de nuestros estudiantes universitarios, no ahogue financieramente a las universidades y que no incida ni en la disminución de las prácticas ni en los precios de las tasas universitarias de los títulos de Grado y Másteres.

Demandas de CSIF para el profesorado universitario en el año 2019

  • Aprobación de un Estatuto del Personal Docente e Investigador
  • Modificación de los criterios de evaluación del profesorado de la ANECA
  • Publicación inmediata del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF)
  • Soluciones a la inestabilidad y precariedad del profesorado laboral temporal e interino
  • Eliminación de la tasa de reposición para la dotación de plazas en cuerpos y figuras permanentes
  • Condiciones salariales y laborales dignas para los Profesores Asociados
  • Nueva Ley de Universidades e incremento de la financiación de las universiades y la I+D+i

Convocatorias abiertas de interés para el PDI

  • Convocatoria Sexenios (Investigación y Transferencia) CNEAI 2018 . Plazo de presentación de solicitudes hasta el 18/01/2019
  • Convocatoria de Excelencia “Severo Ochoa” y “Unidades María de Maeztu” 2018. Plazo de solicitud hasta el 10/01/2019

 

Información Adicional