La I+D en las universidades españolas necesita incremento de financiación y estabilidad laboral para los investigadores.
- CSIF ha pedido a Pedro Duque incrementar el porcentaje de PIB destinado a la I+D+i
- El sindicato exige previamente la reducción de la burocracia, la eliminación de las trabas administrativas y la coordinación de las convocatorias
- El Ejecutivo debe publicar ya el Estatuto del Personal Investigador en Formación
El reciente estudio “Investigación y transferencia de conocimiento en las universidades españolas 2016” de la Red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación de Universidades (RedOtri) de Crue Universidades Españolas, sigue reflejando un triste panorama que se resume en que el gasto en I+D en las universidades españolas cayó un 5,5% en 2016 pasando de los 3.373 millones de euros a los 3.189, la menor financiación de los últimos cinco años.
Además, hubo una baja tasa de ejecución presupuestaria y un descenso en el volumen de financiación de los proyectos de investigación competitivos sostenidos con fondos públicos a la vez que disminuyeron las solicitudes de patentes y las spin-off creadas. También el porcentaje del gasto en I+D del sector de la enseñanza superior financiado por empresas privadas continúa en España por debajo de la media europea y de la OCDE. Sólo la producción científica (artículos publicados, tesis y sexenios obtenidos) mantiene un tono ascendente pese a la escasez de recursos.
A nivel general, la inversión del sector público en España en I+D en el 2016 ha descendido del 1’32% del PIB en 2008 al 1’19% en 2016, según datos publicados por Eurostat. Mientras, la inversión en la Unión Europea pasó del 1’84% del PIB en 2008 al 2’03% del PIB en 2016. En el mejor de los supuestos, España -cuyo último porcentaje de inversión conocido es inferior al de hace una década- debería disparar el gasto en I+D un 4% anual durante los próximos tres años para recuperar el nivel pre-crisis e intentar converger con Europa.
Para CSIF resulta evidente que una parte importante de ese incremento del presupuesto público de I+D+i debe ir destinado a financiar convocatorias de recursos humanos para la investigación. Deben incrementarse de manera exponencial el número de contratos que salgan cada año de los programas Ramón y Cajal, Beatriz Galindo, Juan de la Cierva, Técnicos de apoyo, contratos PFU o contratos FPI, todas ellas convocatorias de ámbito estatal y de las que pueden ser beneficiarias las universidades.
A esta falta de inversión hay que sumar la precariedad laboral de investigadores, profesores y científicos españoles. En los organismos públicos de investigación y en las universidades no se aplican políticas de estabilización y proliferan cada día más figuras temporales, inestables y precarias. Colectivos como los investigadores predoctorales siguen sin obtener un nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación que mejore retribuciones, equipare convocatorias y recoja derechos.
Por otro lado, continúa disminuyendo el número de científicos (más de 10.000 se han ido al extranjero desde 2010, según datos de la Comisión Europea) a la par que disminuye el personal docente e investigador de las universidades en investigación. Deben crearse partidas específicas para jóvenes y nuevos investigadores con el fin de contrarrestar la actual fuga de cerebros.
Con este panorama CSIF insiste en la necesidad de mejorar la investigación en el ámbito universitario que supone más del 60% de la producción científica española. El sindicato independiente está convencido que la investigación es fundamental para el desarrollo social y económico del país.
El nuevo Ministro, Pedro Duque, debe abordar urgentemente otras cuestiones en el ámbito de la gestión de la investigación y la transferencia de conocimiento como la reducción de la burocracia y el levantamiento de las trabas administrativas, la contratación temporal laboral para actividades de investigación, la celeridad en los diferentes procesos administrativos y la coordinación de las convocatorias de ayudas a la investigación.
Los investigadores universitarios exigen también soluciones a los problemas con la justificación de los proyectos, el seguimiento de la participación de las universidades en el programa de investigación e innovación de la UE, las actividades y retornos económicos en sus 'spin-off', etc.
