El Gobierno discrimina al profesorado universitario al no tocar el Real Decreto-Ley 14/2012 en lo referente a su régimen de dedicación

• CSIF pidió en noviembre al Ministro de Ciencia, Pedro Duque, derogar el régimen de dedicación de 32 créditos ECTS existente para gran parte del profesorado universitario
• El Ministerio de Educación aunque no deroga el Real Decreto, sí ha permitido a las Comunidades Autónomas reducir horas lectivas a los profesores de primaria y enseñanzas medias

El sindicato CSIF pide que, con carácter general, el Personal Docente e Investigador a tiempo completo dedique a la actividad docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso hasta 240 horas y demanda se mantenga en vigor la impartición de 16 créditos ECTS para muchos profesores universitarios como incentivo y reconocimiento de la actividad investigadora.

El Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, justificó su aprobación en una coyuntura económica excepcional y en la necesidad del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y contención del gasto público.

Se adoptaron entonces medidas excepcionales que afectaban a todos los niveles educativos. En referencia a la enseñanza universitaria, el Artículo 6. Cuatro estableció una nueva redacción al artículo 68 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, por el que se establecía el régimen de dedicación, fijando un total de 32 créditos ECTS para el personal docente que no cumpliera unos determinados requisitos de actividad investigadora reconocida.

Con estas premisas, se lleva perjudicado durante años al profesor que tiene mayor carga docente y se le impone una dedicación que imposibilita absolutamente la investigación y, por lo tanto, la promoción del grueso del profesorado universitario. Además, se ha infravalorado la docencia y se ha generado una situación de indefensión para el Personal Docente e Investigador laboral que todavía tiene problemas por parte de la CNEAI en el reconocimiento de su actividad investigadora.

La situación excepcional provocada por la crisis económica ha desaparecido pero Pedro Duque sigue manteniendo las medidas excepcionales aprobadas el Real Decreto-Ley 14/2012 para el profesorado universitario. Mientras, su homóloga del Ministerio de Educación y Formación Profesional ya ha aprobado, aunque dejándolo en manos de las Comunidades Autónomas, revertir alguno de estos recortes abriendo la posibilidad de rebajar las horas lectivas de los profesores de enseñanza primaria y media.

Desde CSIF le pedimos en noviembre al Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades que procediera también a revertir esas medidas excepcionales impuestas por el RD-Ley 14/2012 para que con carácter general, el personal docente e investigador de las universidades públicas en régimen de dedicación a tiempo completo dedique a la actividad docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso hasta 240 horas. Solicitamos la derogación de la letra b) del artículo 68.2 de la Ley Orgánica de Universidades, manteniendo en vigor la letra a) de dicho precepto, como incentivo para premiar el reconocimiento de la actividad investigadora de conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto.

A día de hoy Pedro Duque sigue ninguneando al profesorado universitario en este aspecto y desde CSIF seguimos insistiendo en que revertir estos recortes beneficiaría al profesorado de las universidades públicas españolas compuesto por más de 97.000 docentes e incidiría en la mejora de la calidad docente y la investigación del sistema universitario español.

CSIF convoca huelga para denunciar los incumplimientos en materia de Igualdad

Una de cada dos mujeres de la Administración reconoce que convive a diario con situaciones sexistas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, convoca huelga con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para denunciar las situaciones de discriminación, abuso y violencia que sufren las mujeres de todo el mundo y levantar la voz a favor de la Igualdad.

A esta convocatoria de huelga están llamados miles de trabajadores y trabajadoras de las administraciones, empresas públicas y de las empresas privadas donde también estamos presentes. Se trata de huelga de 1 hora (en turno de mañana, tarde o noche) para denunciar las situaciones de discriminación, abuso y violencia que sufren las mujeres.

Esta jornada nos servirá para reivindicar los déficits e incumplimientos por parte de las diferentes administraciones en las políticas de corresponsabilidad y conciliación familiar; eliminación de la brecha salarial; promoción de la Igualdad efectiva y lucha contra la violencia de género.

Desde la aprobación del I Plan de Igualdad en 2011 el Gobierno reconoce la necesidad de mejorar todavía las medidas de conciliación (bolsa de horas, teletrabajo cierre de ministerios a las 18,00 horas, configurar la lactancia como derecho individual, la brecha salarial, y los obstáculos que afrontan las mujeres y que limitan la igualdad plena en el desarrollo de la carrera profesional).

Asimismo, quedan pendientes medidas fundamentales como la ampliación del permiso de paternidad (frustrada tras la prórroga presupuestaria), el desarrollo del protocolo contra el acoso sexual, las unidades de igualdad o la reserva del 2 por ciento de la oferta de empleo público para mujeres víctimas de violencia de género.

SITUACIONES SEXISTAS EN LA ADMINISTRACIÓN

Con ocasión del 8 de marzo, CSIF también informa sobre los resultados preliminares de una encuesta realizada sobre más de 4.000 personas, donde se pone de manifiesto que el 50 por ciento de las trabajadoras de las administraciones públicas convive a diario con situaciones sexistas.

Estos son los principales resultados:

• El 55% reconocen que existe un humor sexista en su trabajo
• El 40% ha soportado piropos o comentarios sobre la apariencia.
• El 40% se ha sentido discriminada por ser mujer (ninguneos o indiferencia en reuniones de trabajo frente a sus compañeros…)
• El 32% ha recibido comentarios ofensivos relacionados con su condición de mujer.
• El 6% ha recibido citas para hablar de cuestiones laborales fuera del centro de trabajo.
• El 9% recibe correos electrónicos o ‘whatsapp’ de naturaleza sexual (insinuaciones, mensajes subidos de tono, gifs, vídeos de youtube).
• El 17% ha sufrido contacto físico no deseado (roces en el hombro, manos, cintura, espalda, acercamiento excesivo en una conversación sin respetar la distancia mínima).
• El 86% NO comunica estas situaciones a la organización
• Un 77% de las personas encuestadas confirman que no hay protocolos de acoso sexual en su centro de trabajo o no lo conocen.

El Congreso convalida por unanimidad el Real Decreto-ley de medidas para mejorar la investigación científica

El Pleno del Congreso de los Diputados acordó ayer la convalidación y tramitación por unanimidad del Real Decreto-ley de Medidas Urgentes en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la universidad. La nueva normativa ayudará a mejorar y flexibilizar el funcionamiento de los centros de investigación y las universidades. Con esta convalidación el Gobierno aprueba medidas que reducen las cargas administrativas que dificultaban el desarrollo de los proyectos científicos, facilitan la contratación ágil y estable de investigadores, aumentan los medios para evitar retrasos en las convocatorias y otras para aumentar la igualdad de oportunidades entre investigadores y para mejorar la situación de los afectados por los préstamos Renta-Universidad.

Batería de medidas en el Real Decreto-Ley de interés para las Universidades:

1º) Modifica la Ley de la Ciencia de 2011 para que los centros y universidades puedan contratar personal de forma indefinida con cargo a proyectos que tengan financiación específica.

2º) Agilizar la compra de materiales e instrumentos para proyectos científicos. Los centros de investigación y universidades podrán ejecutar contratos menores de servicios y suministros hasta importes de 50.000 € con el mismo proveedor para distintas unidades, aunque anualmente se superen dichos límites con la suma total de los contratos (por ejemplo, la compra de material de laboratorio para dos proyectos de la misma universidad).

3º) Agencia Estatal de Investigación. La nueva regulación permitirá a la Agencia Estatal de Investigación contar con más medios externos para reducir los plazos de comprobación de las subvenciones de proyectos de investigación. De esta manera, se busca liberar recursos para dedicarlos a la gestión de las convocatorias.

4º) Igualdad de oportunidades entre investigadores. El Real Decreto-Ley modifica también la Ley de la Ciencia de 2011 para que los investigadores en situaciones de maternidad y paternidad, así como de incapacidad temporal, no se vean discriminados en la selección y evaluación de su actividad científica. Esta medida se aplicará en todas las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

5º) Préstamo Renta-Universidad. Se recogen mejoras sustanciales para los afectados por los préstamos Renta-Universidad, ya que solo los que sobrepasen los 22.000 euros anuales tendrán que comenzar a devolver el crédito, para lo que dispondrán de 15 años de plazo para devolverlo.

CSIF alerta contra la creación de nuevas universidades privadas en Madrid.

• Pide a la Asamblea de Madrid más apoyo a las universidades públicas antes de autorizar la apertura de tres nuevas universidades privadas
• Restar recursos a las universidades públicas pone en riesgo la calidad del sistema universitario y presenta perjuicios para alumnos, profesores y personal de administración y servicios

El Consejo de Gobierno pretende que la Asamblea de Madrid apruebe, antes de las elecciones de mayo, la creación de tres nuevas universidades privadas. Se trataría de tramitar con un procedimiento abreviado de lectura única tres proyectos de ley para reconvertir en universidades privadas los, hasta ahora, centros adscritos a las universidades públicas Complutense (Colegio Universitario de Estudios Financieros CUNEF y Universidad Internacional Villanueva) y Rey Juan Carlos (ESIC Universidad).

CSIF denuncia que el desarrollo de esta propuesta implicaría restar fondos y recursos a las universidades públicas a las que pertenecen los centros adscritos, al tiempo que se pondría en riesgo la calidad del sistema universitario madrileño, pues bajar la misma para atraer o retener alumnos puede ser una clara tentación en las universidades privadas que se mueven por el negocio en vez de hacerlo por una idea/mandato social como lo hacen las universidades públicas.

En este sentido, el sindicato recuerda que los rectores de las seis universidades públicas de Madrid se han opuesto frontalmente a esta iniciativa tanto por la inflación de universidades privadas en la región, que llegarían a trece sin contar la presencia de campus de otras universidades externas, como por apreciar insuficiencias en las propuestas académicas de grado, máster y doctorado. Además, algunas informaciones apuntan a que estas tres no serían las últimas que se autorizasen antes de finalizar la legislatura.

Carencia de actividad investigadora, de innovación y de transferencia de conocimiento junto a un reducido catálogo de títulos y escaso alumnado son otros déficits para rechazar una propuesta a la que también se opone la Fundación Madri+d creada por el propio Gobierno autonómico para “contribuir a la calidad de la educación superior”.

CSIF destaca que la Comunidad de Madrid no tiene una ley propia de Universidades que fije los estándares de calidad que deben reunir las nuevas universidades que desean incorporarse a la región, que ya concentra una amplísima oferta de docencia superior e investigación científica de primer nivel. Por esta carencia, los requisitos exigidos actualmente a las universidades privadas de nueva creación resultan totalmente insuficientes. Parecería pertinente y razonable esperar a que la Comunidad de Madrid se dotase primero de una ley autonómica ampliamente consensuada que garantizase calidad, equilibrio, estabilidad y viabilidad para el sistema universitario madrileño.

Por otro lado, hay que recordar que la financiación con que la Comunidad de Madrid dota las universidades públicas sufrió graves recortes durante los años de la crisis y que, a día de hoy, dista mucho de ser la adecuada. CSIF no comparte la idea de que hay “demasiadas universidades públicas en la región” o de que estas “tienen demasiados alumnos”, cuando se observa un creciente interés por implantar más universidades privadas en la misma.

Por todo lo anterior y con el máximo respeto por la actividad que desarrollan las universidades privadas de calidad, CSIF reitera su permanente compromiso con la universidad pública y reclama a la Comunidad de Madrid que concentre sus esfuerzos en la mejora sustancial de la financiación de las suyas, desistiendo de iniciativas que detraigan recursos para las mismas con evidentes perjuicios para alumnos, profesores y personal de administración y servicios.