CSIF ha exigido al Ministerio de Educación el reconocimiento y cobro de quinquenios docentes y sexenios de investigación para el profesorado universitario interino.

  • Miles de profesores Titulares de Universidad interinos, Contratados Doctores interinos y Profesores Sustitutos interinos estarían afectados en todas las universidades públicas españolas.
  • Estas inaceptables exclusiones por el tipo de relación contractual obstaculizan su carrera profesional y limitan sus retribuciones

El sindicato independiente presentó escrito el pasado 17 de mayo al Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte solicitándole promueva y realice los cambios legales y normativos pertinentes para permitir, sin impedimentos y en igualdad de condiciones, el acceso de los profesores universitarios interinos al reconocimiento y pago de los quinquenios docentes y de los sexenios de investigación.

CSI·F recuerda que cada día son más las universidades públicas españolas que, de motu propio, aprueban el reconocimiento y pago de quinquenios docentes a sus profesores interinos. Sin embargo, otros muchos compañeros interinos se ven forzados a tener que presentar recursos de reposición y contenciosos administrativos para que se estimen sus demandas de asignación del componente del complemento específico por méritos docentes.

Problema similar de exclusión ocurre con la imposibilidad de acceso de los profesores interinos a los sexenios de investigación, siempre sin razones objetivas y, únicamente, por la naturaleza temporal de la relación de servicio que les vincula a las universidades.

Recordamos que la evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios y de las escalas científicas del CSIC la lleva a cabo la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI). Se realiza por periodos de seis años (sexenios de investigación) y se hace forma voluntaria por parte del investigador interesado. Si se obtiene una valoración positiva se consigue un complemento de productividad incentivador, cuya finalidad es fomentar el trabajo investigador de profesores universitarios, además de lograr una mejor difusión tanto a nivel nacional como internacional.

Para ambos casos (quinquenios y sexenios) CSI·F considera aplicable la Cláusula 4.1 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el Anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, cuyo tenor es el siguiente: por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.

Igualmente, consideramos aplicable para quinquenios docentes y sexenios de investigación, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación de la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco, recogida en el Auto C-631/15 que no permite justificar una diferencia de trato entre trabajadores con un contrato de duración determinada y trabajadores fijos por el hecho de que ésta esté prevista por una norma nacional general y abstracta, como una ley o un convenio colectivo.

Información sobre la interrupción de las evaluaciones del Personal Docente e Investigador funcionario en la ANECA.

Tras realizar una consulta formal ante la ANECA en relación con las últimas informaciones facilitadas sobre la situación de las solicitudes de acreditación presentadas con el nuevo sistema, desde la ANECA se nos comunica lo siguiente:

"El Real Decreto 415/2015, en su artículo 15.6, regula que las Comisiones de Acreditación deberán resolver las solicitudes en el plazo máximo de 6 meses. Así mismo, regula que el transcurso del plazo máximo de seis meses sin dictar y notificar la resolución, tendrá efecto desestimatorio, sin perjuicio de la obligación positiva de resolver que recae sobre el órgano evaluador.

En estos momentos, atendiendo a la necesidad de completar el trabajo de desarrollo y publicación de los criterios de evaluación, la mejora de las herramientas informáticas que dan apoyo al proceso y otras tareas imprescindibles para el correcto funcionamiento de las comisiones de acreditación, se hace imposible la resolución y notificación de su solicitud de acreditación dentro del plazo de 6 meses.

Estimamos que dicha resolución tendrá una demora de unos 3/4 meses".

Tras consultar informalmente sobre el contenido de la respuesta se nos comunica verbalmente que no se trata en ningún caso de silencios negativos o denegaciones de acreditación, sino que por imposibilidad material de tramitar las solicitudes en el momento actual, necesitan realizar una ampliación de los plazos para resolver y notificar.

No obstante, hemos pedido al MECD que se garantice formalmente a los posibles afectados que no se produce el efecto desestimatorio recogido en el último párrafo del art. 15.6 del RD 415/2017.

Adjuntos:
Descargar este adjunto (Carta Secretario General Universidades  CCOO UGT y CSIF 26-05-2017.pdf)Carta Secretario General Universidades CCOO UGT y CSIF[Carta Secretario General Universidades CCOO UGT y CSIF]126 Kb

Información sobre las reuniones de las comisiones mixtas ANECA-Sindicatos-CRUE para revisar los criterios de evaluación del profesorado universitario funcionario.

  • Apreciamos en la ANECA indicios de un cambio favorable en su actitud negociadora e intención de hacer el sistema de evaluación más claro y transparente.
  • Se han interrumpido las evaluaciones y se ha pedido a las 21 comisiones que revisen los criterios

Durante las últimas semanas se han realizado diversas reuniones a las que han asistido el director de la ANECA, José Arnáez Vadillo, el responsable de la división de evaluación del profesorado, Álvaro Gutiérrez, y la responsable del programa ACADEMIA, Alicia Ron. Por la parte sindical asistimos representantes de CCOO, UGT, CSI-F y el sindicato gallego CIG. También asistieron representantes de la CRUE.

1º) Evolución y situación actual del proceso El director de la ANECA informa que actualmente están detenidas las evaluaciones de solicitudes por parte de las distintas comisiones, a la espera de reformar los criterios de evaluación. Se nos indica que hay unas 800-900 solicitudes pendientes de revisión. También nos señaló que había tenido una reunión con los presidentes de las 21 comisiones de la ANECA para trasmitirles:

  • La necesidad de una unificación de los criterios de evaluación de todas las comisiones. Puso como ejemplos, entre otros aspectos requeridos de uniformidad, el número de méritos complementarios, el número de direcciones de TFG y TFM, la disparidad de méritos exigidos en las 5 áreas de conocimiento, etc.
  • El propósito de que los nuevos baremos que se publicarán en breve comporten una evaluación más equilibrada en los aspectos cuantitativos y cualitativos de los méritos del solicitante.
  • Que los méritos pedidos a los candidatos supongan un grado de exigencia equivalente al del sistema anterior y reflejen una línea de continuidad respecto al programa de evaluación vigente hasta 2016.

Las comisiones específicas de evaluación de la ANECA estarán trabajando hasta final de mayo en los nuevos criterios y después trasladarán sus resultados a las comisiones mixtas ANECA-Sindicatos-CRUE. La intención es que el resultado de todo este proceso negociador se haga público antes del verano para que a continuación las comisiones de áreas puedan comenzar a evaluar.

También analizamos con el Director de la ANECA el borrador del documento de “Orientaciones Generales para la aplicación de los criterios incluidos en el Real Decreto 415/2015”. Se trata de un texto que intenta clarificar los criterios que están actualmente en vigor y, en relación al mismo, presentaremos las correspondientes enmiendas.

2º) Propuestas de las Organizaciones Sindicales

  • Pedimos la publicación de todos los criterios que todavía faltan. La ANECA responde afirmativamente y que así lo hará. Hay que destacar que en la web de la ANECA falta bastante información importante. Por ejemplo, no hay ningún documento que indique los méritos para obtener una calificación A en la acreditación a Catedrático de Universidad. Se nos indica que este aspecto será subsanado en las próximas semanas (antes de finales de junio, en cualquier caso).
  • Incidimos en el tema del porcentaje mínimo de méritos obligatorios que hay que cumplir para poder compensar con los méritos complementarios. Pedimos que el porcentaje tiene que ser público y claro en cada comisión, indicándosenos por parte de la ANECA que así será. También planteamos que, además del porcentaje, se deberían publicar y explicitar claramente en qué cantidad exacta se establecen esos méritos mínimos. Además, se insistió en que, en el caso de las plazas de CU, los méritos complementarios TAMBIÉN DEBERÍAN poder compensar los méritos ESPECÍFICOS.
  • Exigimos solución al problema de la discordancia que actualmente existe entre la comisión de evaluación y el área específica en que ha sido encuadrada y los trabajos de investigación exigidos en la misma. Este problema sucede prácticamente en todas las áreas.
  • Insistimos mucho en la necesidad de valorar los sexenios de investigación, que en el sistema anterior permitían acreditarse y ahora no. La ANECA justifica que no se pueden introducir en los méritos obligatorios por no estar incluidos en el Real Decreto. Se maneja la opción de introducirlos en los méritos complementarios. Pedimos que, si se hace así, los sexenios sean incorporados como méritos complementarios “suficientes” o “prioritarios”; es decir, que con un cierto número de sexenios ya no sean necesarias más valoraciones en el apartado de méritos complementarios.
  • Algo similar planteamos para los quinquenios de docencia refrendados por las correspondientes agencias de evaluación.
  • Pedimos que se dé mayor relevancia de la que actualmente tiene a la actividad de transferencia. Muchos proyectos de colaboración con instituciones públicas o empresas, para actividades de investigación, deberían equipararse en su valoración como mérito investigador a los proyectos competitivos.
  • Consideramos que la gestión universitaria ha perdido mucho peso y debería tener mayor importancia, o al menos, compensar posibles carencias en otros aspectos. En particular, se pidió una flexibilización de los criterios considerados para el reconocimiento de cargos, que se entiende que en la actualidad son muy restrictivos. Esto es especialmente importante respecto a la acreditación a TU de los actuales TEUs. Se ha solicitado una flexibilización de los criterios considerados para el reconocimiento de los cargos ASIMILADOS por las Universidades, acorde a lo establecido en el RD.
  • En el área de Ciencias de la Salud se insiste en que el paso de Profesor Asociado a Profesor Titular Vinculado es actualmente insalvable. Es fundamental considerar la parte asistencial de este ámbito. La valoración de DOCENCIA podría compensarse mediante encuestas o quinquenios.
  • Consideramos muy importante clarificar el papel que van a tener las cuatro aportaciones de libre elección de cada candidato en el conjunto de la evaluación.
  • Además, también se ha exigido que la descripción de los méritos y su valoración posibiliten que el candidato/a pueda realizar una autoevaluación de sus méritos.

Por último, con carácter general estaremos muy atentos a garantizar que los criterios de evaluación que finalmente se aprueben sean aceptables y racionales en su nivel de exigencia, sin que se pidan méritos imposibles de cumplir por los candidatos/as (méritos docentes en postgrado o ciclos en los que el docente no puede participar).

Seguiremos informando a la comunidad universitaria sobre el desarrollo de las negociaciones.

Confirmada la presentación de enmiendas para que el paso de Contratado Doctor a Titular no consuma tasa de reposición.

Hemos podido constatar que varios grupos parlamentario (Ciudadanos, PP, PSOE) han presentado enmiendas que siguen las propuestas realizadas por CSI·F en torno a:

  • Conseguir la convocatoria de más plazas en las Ofertas de Empleo Público de las Universidades
  • Lograr la convocatoria de plazas de Contratado Doctor sin que computen en tasa de reposición
  • Posibilitar que los Ramón y Cajal con certificado I3 puedan optar a plazas de Titular de Universidad y no sólo a la figura de Profesor Contratado Doctor

El texto literal de una enmienda que puede aprobarse convirtiéndose en transaccional dice Las plazas de profesor contratado doctor que queden vacantes como consecuencia del acceso a un Cuerpo docente universitario, se podrán incluir en la tasa de reposición del ejercicio siguiente.

A día de hoy y a partir del Real Decreto-ley 6/2017, las universidades pueden convocar plazas de Titular de Universidad y Catedrático de Universidad. Si terminan aprobándose los Presupuestos 2017 también podrán convocar de Contratado Doctor. Al final, casi podría triplicarse en algunos casos el número de plazas a convocar con un 100% de tasa de reposición (para Contratados Doctores por concurso, para Titulares por concurso y para Catedráticos por promoción interna).

Mientras esta situación se materializa, hemos pedido al Ministerio fórmulas para conseguir la estabilidad de los Titulares de Universidad interinos. Del mismo modo, hemos solicitado se estudie la integración de los Titulares de Universidad acreditados a Catedráticos para evitar bloqueos como el que sufre este cuerpo docente en algunas universidades y, en especial, en las catalanas.

CSI·F reclama modificaciones en la revisión y justificación de los proyectos nacionales de investigación.

  • Solicita que estos procesos de justificación se adapten a las verdaderas necesidades y exigencias de la investigación actual
  • Denuncia que los auditores externos dejan translucir un carácter meramente recaudatorio a la vez que muestran un claro desconocimiento sobre el funcionamiento de la investigación científica y sus métodos

Los proyectos nacionales de investigación son un pilar fundamental en el desarrollo científico español ya que permiten financiar las diferentes líneas de los grupos de investigación, generan la posibilidad de adquirir equipamiento y realizar contratos laborales, posibilitan asistir a congresos científicos y producir publicaciones técnicas.

Además, los proyectos nacionales son imprescindibles para todo el personal docente e investigador de las universidades españolas, puesto que son condición sine qua non para la acreditación a profesor Titular de Universidad y Catedrático de Universidad. Hay que recordar que la investigación dentro de las universidades supone más del 60% de la investigación del país.

La misma importancia tienen para el personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), con el agravante de que para estos (excepto el CSIC) aún no se puede aplicar la Ley de la Ciencia al no existir un Real Decreto que la desarrolle.

Sin embargo, CSI·F denuncia la creciente complejidad y dificultad en las justificaciones de los proyectos nacionales, especialmente en las convocatorias del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). Esta queja es compartida por los Vicerrectores de Investigación y la Comisión Sectorial de I+D+i de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

Queremos recalcar que no nos oponemos a que los proyectos sean auditados, fiscalizados y evaluados, ya que el Personal Docente e Investigador es consciente de que están financiados con fondos públicos y que se debe rendir cuentas del mismo. El problema estriba en la forma en que se están llevando a cabo estas auditorías, donde auditores externos muestran un claro desconocimiento sobre el funcionamiento de la investigación científica y sus métodos.

El sindicato informa que los proyectos nacionales están sometidos a una evaluación científico-económica anual donde se detallan los gastos y resultados alcanzados durante el proyecto. Además, al finalizar el proyecto se vuelven a detallar dichos gastos. Esta evaluación considera tanto resultados técnico-científicos, como la justificación de gastos económicos llevados a cabo. Parece redundante y extemporáneo que, cinco años después, se realice una evaluación por agentes externos al Ministerio y ajenos al mundo científico, donde se penalizan los abonos con el 8% anual, lo que da una imagen de que estas auditorías externas tienen un mero carácter recaudatorio.

CSI-F ha planteado ante la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (se adjunta escrito presentado) y ante el Secretario General de Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que las auditorías externas se realicen inmediatamente después de la finalización del proyecto y no casi cinco años después, cuando está a punto de prescribir. Este cambio redundaría en beneficio de ambas partes puesto que la documentación del proyecto estaría localizada y resultaría más fácil la comprobación de facturas y pagos. También hemos pedido que las auditoras que realizan esta labor no trabajen a comisión de los resultados.

Otras propuestas pasan porque, en los supuestos en que la gestión económica del proyecto sea tan diligente como para que quede un remanente del mismo, la única consecuencia para el Investigador Principal sea la devolución de dicha cantidad, eliminándose la penalización del abono del 8% del interés del remanente presupuestario a fecha de auditoría del proyecto.

Por último, CSI·F denuncia que la forma y métodos con los que se realizan estas auditorías externas generan un escenario de continua sospecha sobre los investigadores lo que provoca un ambiente de frustración y desánimo que les lleva a plantearse la renuncia a optar a cualquier proyecto de este tipo.