UGT Informa: Acuerdo para poner en marcha el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas

La Conferencia General de Política Universitaria ha ratificado el acuerdo que pone en marcha el Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador a las Universidades Públicas Españolas. De esta manera, se podrán comenzar a firmar los acuerdos y convenios necesarios con las comunidades autónomas que quieran participar en el Programa.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades realizará una inversión de 150 millones por curso académico cuyo fin es la financiación de plazas de profesorado ayudante doctor. Comenzará con una dotación de 46,7 millones de euros aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros para el periodo septiembre – diciembre de 2024.

La distribución sería la siguiente:

Comunidades autónomas

N.º plazas de PAD financiadas por el MICIU

Coste total bruto plazas PAD de sep. - dic. de 2024

Nº plazas de PAD que financiarían las CC.AA.

Necesidades totales de PAD estimadas por el MICIU

Andalucía

468

6.525.814 €

306

774

Aragón

94

1.175.035 €

62

156

Asturias

34

398.421 €

23

57

Balears

28

327.652 €

18

46

Canarias

113

1.683.089 €

75

188

Cantabria

29

326.401 €

19

48

Castilla y León

269

3.429.558 €

176

445

Castilla-La Mancha

96

1.309.003 €

63

159

Cataluña

705

10.797.461 €

463

1.168

Comunitat Valenciana

426

5.522.310 €

281

707

Extremadura

54

621.186 €

35

89

Galicia

101

1.311.031 €

65

166

Madrid

656

8.761.094 €

435

1.091

Murcia

116

1.617.510 €

76

192

Navarra

46

576.358 €

30

76

País Vasco

121

1.863.630 €

79

200

Rioja

5

54.173 €

4

9

UNED (Estado - MICIU)

39

470.061 €

26

65

TOTAL

3.400

46.769.787 €

2.236

5.636


Desde UGT recordamos que las estrategias en el ámbito laboral ejecutadas durante los años de la crisis han generado una serie de problemas que no se resuelven con este Programa y que se agravan por las políticas financieras y en materia de empleo universitario llevadas a cabo en algunas comunidades de autónomas que no permiten ni dignificar la profesión del PDI, ni cumplir con los planes de estabilización previstos desde el Gobierno central, como es la tasa de oferta de empleo correspondiente al artículo 217 del Real Decreto-Ley 5/2023 o la específica prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 (prorrogados durante este 2024).

Desde UGT queremos llamar la atención en que no solo hay que centrarse en la atracción de talento. También en conservar el que hay. En la última reunión celebrada en el marco de la negociación del Estatuto del PDI, el Ministerio ya advirtió que existe un problema de urgente reparación de la situación del profesorado Visitante y del Sustituto Interino que se da en algunas comunidades autónomas. En el caso de los primeros, aquellas universidades que no lo hayan hecho, tienen la posibilidad de prorrogar estos contratos hasta el 12 de abril de 2025 mientras llega la solución del Ministerio.

Está pendiente la modificación necesaria de la Ley de Incompatibilidades para dar cabida al profesional de la administración pública que participa de un contrato de profesorado asociado LOSU. Recordamos a los equipos de gobierno de las universidades que el pasado 8 de junio se publicó en el BOE la Ley de Enseñanzas Artísticas que habilita la posibilidad de prórroga para el profesorado asociado LOU y que no se debe usar el pretexto de la LOSU como vía para la precarización, aún más si cabe, del docente universitario.

Y sumemos un nuevo problema que comenzaría a darse en septiembre: la finalización de los contratos de profesorado ayudante doctor por alcanzar el límite recogido en la LOSU en universidades con una baja tasa de reposición de efectivos y la ausencia de una figura en la que pudieran tener cabida, en tanto en cuanto, no se publica una plaza a la que puedan optar. Urge que el Gobierno ponga en marcha su compromiso de la eliminación de los límites de las tasas de reposición que debe ir acompañada del incremento al 1% del PIB de la financiación de las universidades públicas en aquellas comunidades en las que todavía no se produce.

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