Bruselas pone límites a la exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo
Las empresas deberán proteger a sus empleados de productos nocivos como aceites de motor y etilenos, así como del humo de los motores diésel.
Bruselas limitará por ley la exposición que sufren al menos 20 millones de ciudadanos europeos —al menos 1,5 millones en España— por estar expuestos a sustancias cancerígenas en sus puestos de trabajo. El Consejo de la UE, la Comisión y el Parlamento Europeo llegaron ayer a un acuerdo para proteger a los empleados del continente de ocho sustancias nocivas para la salud, entre ellas el humo de los motores diésel. El acuerdo contempla valores límite de exposición profesional a varios de estos agentes. Una vez aprobada, los países de la UE deberán adoptar la directiva en un plazo de dos años.
Los ministros de la UE, representados por la presidencia austriaca, y el Parlamento Europeo alcanzaron ayer el consenso necesario para poder avanzar en la lucha del llamado “cáncer profesional”, que la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales definió como “el asesino silencioso” en los puestos de trabajo en una entrevista con un grupo de medios europeos, entre ellos EL PAÍS. Con el pacto cerrado ayer por las tres instituciones se incorporarán ocho sustancias nocivas a la directiva sobre cancerígenos y mutágenos. Pero además, se modificará la legislación para introducir límites máximos de exposición en varios de estos casos.
La propuesta de la Comisión contemplaba ampliar ese listado en siete agentes —entre ellos, los aceites de motor usados y varios tipos de etilenos— nocivos para la salud. Se trata de sustancias que sobre todo inhalan, explicó Thyssen, emple
ados de las industrias metalúrgica, química, minera y automovilística, trabajadores de la construcción, conductores profesionales o empleados en puertos. “Estas medidas permitirán proteger mejor a 20 millones de empleados en Europa”.
La directiva, que fue redactada en 2004 pero que solo reconocía tres sustancias cancerígenas, fija que en el caso que haya una alternativa a esas sustancias, la empresa deberá recurrir a ella. Si no, deberá tomar medidas estrictas para limitar la exposición de sus empleados. Por ejemplo, si es “técnicamente posible” —en el caso del diésel, por ejemplo, no lo es— el trabajo deberá hacerse en un “sistema cerrado”. En caso contrario, el empresario deberá garantizar un nivel de exposición “tan bajo como sea posible”. Para no dejar esa cuestión en manos de las compañías, en la negociación entre las tres partes se introdujeron unos topes.
Las empresas, además, deberán adoptar un conjunto de medidas de información, control, higiene, inspecciones, revisiones médicas periódicas y consultas a sus trabajadores. “Ha sido complejo porque había que adecuar a la salud de los trabajadores la realidad con la que se enfrentan a diario las empresas”, afirmó el eurodiputado Claude Rolin —encargado de las negociaciones por parte del Parlamento Europeo— en la misma conversación. El acuerdo final que alcanzaron las tres instancias europeas debe ser validado por el Consejo y el Parlamento Europeo. Una vez sea publicado, entrará en vigor, pero los países miembros de la UE tendrán hasta dos años para adaptar sus normativas a ese contenido. Además, el pacto establece que los sectores económicos tendrán un periodo de gracia para amoldarse a los requerimientos. Este tiempo será, en general, de dos años, pero en el caso de la construcción y la minería llegará hasta cinco, según fuentes comunitarias.
La normativa de algunos países ya protege a sus trabajadores de esas sustancias. Pero con esta directiva, la Comisión también quiere evitar que las industrias más contaminantes y perjudiciales para la salud de los trabajadores acaben desplazándose a otros países con estándares más bajos. Es decir, que se produzca una deslocalización de las actividades que entrañan más riesgo de contraer cáncer por las sustancias a las que están expuestos sus empleados.
La Comisión Europea había elaborado un estudio sobre el impacto de la medida sin tener en cuenta los humos del diésel. Esta beneficiaba a unos ocho millones de trabajadores. En España, un millón de empleados estaban expuestos a estas sustancias, en especial a la metilendianilina, que se usa para la fabricación de espumas; al benzopireno, utilizado en pavimentos o aluminio, y los aceites de motor usados.
Fuente: www.elpais.es
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