UGT reclama que el teletrabajo no se convierta en una puerta abierta a la desregulación
- Desde UGT, junto al movimiento sindical europeo, reclamamos que esta ley no tarde tres años más en ponerse en marcha.
- Se recuerda que las empresas tienen la obligación de adaptar, en el día de hoy, los contratos de las personas que tuvieran un acuerdo individual, fuera de convenio, sobre teletrabajo a la nueva ley.
- Denunciamos el aumento de las jornadas y las horas extras sin compensar de las personas teletrabajadoras y, por ello, llevará a los convenios sanciones por incumplir el derecho a la desconexión.
En este sentido, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), de la que UGT es fundadora, exige que la Comisión Europea presente una legislación para que las personas trabajadoras puedan hacer valer su derecho a desconectarse del trabajo fuera del horario laboral, ya que, con motivo de la crisis del coronavirus, muchas de ellas se han visto obligadas a tener que emplearse así.
Las organizaciones sindicales europeas exigen a la Comisión Europea que esta ley no se posponga otros tres años, pese a que el Parlamento votó a favor de una enmienda pidiendo a la Comisión que retrase cualquier legislación sobre el derecho a desconectarse durante tres años, lo que significa que los trabajadores no verían el derecho a la desconexión legalmente exigible promulgado durante casi una década. La razón aparente de tal retraso es el "acuerdo de interlocutores sociales autónomos" sobre digitalización firmado el año pasado. Sin embargo, el acuerdo autónomo no incluye el derecho a la desconexión. Dado que, claramente, el Parlamento no tiene mandato para interpretar los acuerdos de los interlocutores sociales, la CES ha pedido a la Comisión Europea que ignore la solicitud de retrasar la legislación de la UE sobre el derecho a la desconexión. Además, el Secretario de Política Internacional de UGT, Jesús Gallego, envió una carta a los europarlamentarios antes de la votación para reclamarles que votasen en contra de esta enmienda, que recorta claramente un derecho fundamental de las personas trabajadoras de toda Europa.
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